14/02/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Feos, sucios, malos y «terroristas»: la doctrina de la crueldad para el control de la calle. El show de la ministra Alejandra Monteoliva. Imagen: Noticias Argentinas.
En la Argentina de la motosierra y el garrote, el Gobierno de Javier Milei ha decidido que la protesta social ya no es un derecho constitucional, sino un acto de guerra. Bajo el amparo del «Protocolo Bullrich», la gestión libertaria ha terminado de aceitar una maquinaria de estigmatización que no solo busca golpear cuerpos con gas pimienta y palos, sino también aniquilar simbólicamente a quien se atreva a cuestionar el hambre. El libreto es tan viejo como efectivo: para el poder, el que reclama es «feo», es «sucio», es «malo» y, si insiste, es «terrorista».
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha elevado la apuesta en las últimas semanas, transformando cualquier movilización popular en un escenario de combate cinematográfico. Con el apoyo logístico del Ministerio de Justicia de Mariano Cúneo Libarona, se busca instalar en el imaginario colectivo que el conflicto social es una amenaza a la seguridad nacional. La receta es clara: criminalizar la pobreza para justificar la represión y, de paso, tapar con el humo de las granadas lacrimógenas el descalabro económico que el «Toto» Luis Caputo no puede explicar sin recurrir a planillas truchas.
El laboratorio represivo y la caza de brujas
La criminalización no se queda en la retórica de Twitter. La Justicia, siempre atenta a los vientos que soplan desde la Casa Rosada, ha comenzado a validar figuras penales delirantes para militantes de organizaciones sociales y partidos de izquierda. Los operativos, coordinados por el secretario de Seguridad Vicente Ventura Barreiro, se han ensañado especialmente con aquellos que ponen el cuerpo en los comedores que el Ministerio de Capital Humano, bajo la gestión de Sandra Pettovello, ha decidido vaciar sistemáticamente.
No es casual que la etiqueta de «terrorista» aparezca ahora con tanta soltura en los comunicados oficiales. Es el salvoconducto para saltarse las garantías básicas. Mientras el Presidente se abraza con el «establishment» cripto que estafa a miles, como el turbio Hayden Davis, sus funcionarios persiguen a quienes exigen un plato de comida. La doctrina es de una asimetría moral escalofriante: guante blanco para los financistas de la estafa $LIBRA y mano dura para el que corta una calle por necesidad.
Estética del odio y el retorno de lo peor
El componente clasista de la narrativa oficial es indisimulable. Hay un desprecio estético por el sujeto de la protesta. La construcción del «enemigo interno» se nutre de un racismo de clase que el propio Milei alimenta cada vez que descalifica a los opositores como «orcos» o «seres inferiores». Esta deshumanización es el paso previo necesario para el ejercicio de la violencia institucional sin costo político.
En este contexto, la reaparición de figuras como Cristina Fernández de Kirchner, bailando al ritmo de la murga, funciona como un cortocircuito para el relato del odio. Frente a la solemnidad impostada de los represores que ven conspiraciones en cada esquina, la alegría popular se vuelve un acto de insubordinación. Por eso la saña contra los movimientos sociales, por eso el intento de encarcelar a los dirigentes que no se arrodillan ante el ajuste.
La Argentina de febrero de 2026 se debate entre el autoritarismo de un Gobierno que necesita el miedo para gobernar y una resistencia que, a pesar de los palos, se niega a aceptar el mote de «terrorista» por el solo hecho de defender la dignidad. Bullrich y Milei juegan con fuego, olvidando que la historia argentina ha demostrado que, cuando el hambre aprieta y la libertad se convierte en una consigna vacía de marketing, no hay protocolo capaz de contener la voluntad de un pueblo que se sabe despreciado por quienes deberían representarlo.
