20/01/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Luis Toto Caputo, llegando a Casa Rosada. Imagen: Web.
En medio de un ajuste sin tregua y la retracción del consumo interno, el Ejecutivo de Javier Milei volcó todas sus fichas a la reglamentación de la polémica Ley de Inocencia Fiscal, una norma concebida para tentar a los argentinos a sacar los dólares que guardan “bajo el colchón” e ingresarlos al sistema formal, con la expectativa oficial de reactivar el consumo y dar aire a una economía que sigue sin señales claras de recuperación.
La Casa Rosada y el equipo económico empujan a toda máquina el decreto reglamentario de esta ley, aprobada a fines del año pasado, en un intento de despejar las reglas del juego antes de que los bancos y los ahorristas se enfríen. La norma promete, según el Gobierno, facilitar la depositación de divisas atesoradas fuera del circuito financiero sin demasiados controles y sin exigir pruebas exhaustivas sobre su origen, apelando a una lógica de “inocencia” que derriba las barreras tradicionales para exteriorizar activos.
El ministro de Economía, Luis Caputo, presiona públicamente para que los bancos se alineen con esa interpretación —llegando incluso a ordenar que empleados que “rompan las pelotas” con documentación sean descartados de sus puestos— mientras la reglamentación aún se cocina y genera confusión entre las entidades financieras que no saben cómo aplicar la ley sin directivas claras.
La sombra de esta jugada es la apuesta explícita del Gobierno a que parte de los más de USD 250.000 millones que los argentinos acumulan fuera del sistema regresen al circuito legal, moviendo crédito, consumo y depósitos. Si funciona, dicen en el Ejecutivo, podría ser la chispa que reactive la actividad en un año difícil; si falla, dejará expuestas las fisuras de una política económica que depende cada vez más de trucos contables y de expectativas de blanqueo para maquillar la realidad.
Para los críticos, sin embargo, esta ley no es una panacea sino una puerta abierta a que dólares sin justificar origen circulen en la formalidad sin mayores controles, con riesgos de evasión y lavado de activos disfrazados de incentivos al consumo. En definitiva, la reglamentación de la Inocencia Fiscal es mucho más que una cuestión técnica: es la última carta de un Gobierno que pone todas sus fichas en una apuesta de alto riesgo, mientras la economía real sigue sin recuperarse.
