01/12/2025.- Salta al Instante.- Foto portada: El Gobierno vuelve a tocar el Presupuesto 2025 para cubrir urgencias y priorizar la deuda. Milei y Caputo, completamente errantes en las políticas económicas. Imagen: Web.
En otro giro marcado por la emergencia económica que el propio oficialismo declara pero no logra contener, el Gobierno dispuso una nueva reestructuración del Presupuesto 2025 —todavía prorrogado desde 2023— para atender gastos corrientes, reforzar partidas sociales y, sobre todo, garantizar el servicio de la deuda pública. El decreto 849/2025, publicado este lunes, argumenta que “sin esta adecuación inmediata, la prestación de servicios esenciales estaría en riesgo”, una frase que ya se volvió habitual en la administración libertaria.
La medida incluye incrementos para salarios, subsidios, pensiones y funcionamiento del Estado, pero destina su porción más significativa a cubrir vencimientos financieros del Tesoro. En otras palabras: mientras las urgencias sociales crecen, el oficialismo decide blindar la ingeniería de pagos que sostiene su hoja de ruta económica.
La prioridad: la deuda
El refuerzo presupuestario autorizado alcanza los $2,81 billones y se financiará con recursos adicionales estimados en $2,88 billones. Buena parte de esos fondos se orientan a cubrir gastos corrientes: salarios atrasados, funcionamiento mínimo de la administración pública, subsidios y transferencias. Pero el núcleo de la readecuación aparece en la ampliación de los créditos para el pago de intereses y comisiones de la deuda pública.
Dentro del área de Finanzas, el Gobierno habilitó $45.200 millones más para intereses y comisiones, y otros $5,4 billones para servicios de capital e intereses. En un contexto de recesión profunda, caída del consumo y deterioro del ingreso, el movimiento no pasa inadvertido: el ajuste fiscal continúa siendo sostenido por la sociedad, mientras el Tesoro preserva a rajatabla la hoja de pagos.
El “gasto social”: entre el parche y la urgencia
El Gobierno reforzó partidas destinadas a subsidios, becas y transferencias, consciente del deterioro social que generó la política económica. No se trata —como aclara la propia resolución— de medidas orientadas al desarrollo o a la reactivación, sino de ampliaciones mínimas para evitar un colapso mayor en áreas sensibles.
El Ministerio de Salud recibirá fondos adicionales para programas específicos y para el funcionamiento de hospitales de alta complejidad como el Garrahan, El Cruce, René Favaloro, Cuenca Alta y los centros del Bicentenario. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tendrá más recursos para cubrir pensiones no contributivas y el subsidio extraordinario para sus beneficiarios. También aumentan las partidas de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Sin embargo, estas ampliaciones quedan lejos de los niveles originalmente previstos por el Congreso, y apenas funcionan como un parche frente a la inflación que pulveriza presupuestos mes a mes.
Seguridad y defensa, también ajustadas
El refuerzo incluye incrementos para el Ministerio de Seguridad —particularmente para la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal— y para el Ministerio de Defensa, que recibe fondos adicionales destinados al Instituto de Ayuda Financiera para Retiros y Pensiones Militares.
En ambos casos, los aumentos responden al impacto inflacionario en los haberes y a la necesidad de cancelar sentencias judiciales ya firmes.
Un fondo estratégico bajo la lupa: FONDESGAS
Uno de los puntos más significativos del decreto es la autorización al Ministerio de Economía para modificar, transformar o directamente disolver el Fondo de Desarrollo Gasífero Argentino (FONDESGAS). Nacido para financiar obras de transporte de gas —claves para la soberanía energética y para reducir la dependencia de combustibles importados—, el fondo podría quedar desmantelado en nombre de la emergencia.
La decisión abre interrogantes sobre el futuro de la infraestructura energética y su financiamiento: sin un fondo específico, esos recursos podrían ser absorbidos por el Tesoro y destinados a cubrir urgencias inmediatas, especialmente el pago de deuda y gastos corrientes.
Rascando el fondo de la olla
El DNU 849/2025 muestra un Estado que corre detrás de su propia emergencia. Las partidas se refuerzan donde la crisis ya es inocultable, mientras áreas estratégicas pierden continuidad y previsión. El Gobierno sostiene el discurso del orden fiscal, pero la realidad de los números revela otra historia: sin margen político ni económico, la administración libertaria sigue reacomodando el presupuesto para apagar incendios y garantizar los compromisos financieros.
La adecuación presupuestaria no plantea un rumbo productivo, ni una estrategia de desarrollo, ni una agenda de reconstrucción. Apenas intenta sostener lo imprescindible en un país cada vez más tensionado por la recesión, la desigualdad y el peso creciente de la deuda. El resto, como siempre, queda para después.
Con información de El Destape.
