12/01/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Milagro Sala (PRESA POLÍTICA). Imagen: Juan Fernández.
Diez años presa. Diez años de persecución. Diez años de una democracia manchada. El 16 de enero se cumple una década desde el arresto de Milagro Sala y el balance es demoledor: la persecución política se convirtió en política de Estado, primero bajo Gerardo Morales y hoy con un gobierno nacional que no sólo no repara el daño, sino que redobla el hostigamiento.
Mientras la dirigente social permanece internada por graves problemas de salud, el gobierno de Javier Milei mueve fichas para desconocer las medidas dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que desde 2017 ordenan garantizar su vida y sostener la prisión domiciliaria. El mensaje es brutal: ni enferma, ni diez años después, ni con fallos internacionales a favor, Milagro Sala merece tregua.
Sala fue detenida el 16 de enero de 2016 por encabezar un acampe pacífico frente a la Casa de Gobierno jujeña. El reclamo era político; la respuesta fue policial. Morales, recién asumido, no negoció: criminalizó la protesta y dio la orden de detención. Desde entonces, cada intento de liberación fue bloqueado con una nueva causa, una nueva imputación, un nuevo expediente armado a las apuradas.
Cuando un juez ordenaba soltarla, aparecía otra causa. El manual fue siempre el mismo. El caso “Pibes Villeros” selló la maniobra: asociación ilícita, defraudación, extorsión. Treces años de condena por una organización que construyó barrios, escuelas y viviendas populares. En 2022, la Corte Suprema dejó firme la sentencia y Morales —molesto porque Sala no estaba en una cárcel común— pidió que la saquen de la domiciliaria.
La revancha siguió. En 2023, un tribunal jujeño sumó otra condena menor y la Corte avaló la unificación hasta llegar a 15 años de prisión. Todo validado, todo con sello judicial, todo sin reparar en las irregularidades denunciadas por la defensa: pruebas que no se peritaron, testigos rechazados, derecho de defensa vulnerado. Debido proceso, ausente sin aviso.
Hoy Milagro Sala cumple prisión domiciliaria en La Plata porque en Jujuy ni siquiera podían garantizarle condiciones mínimas de vida. Tiene problemas graves de salud, estuvo internada varios días y llega a los dos tercios de la condena. Legalmente, debería acceder a la libertad condicional. En la práctica, nadie duda de que la Justicia volverá a bloquearla. En Jujuy, ningún dirigente de la Tupac Amaru obtuvo ese beneficio. La ley existe, pero no para todos.
Como si no alcanzara, el gobierno de Milei decidió avanzar contra las medidas de la CIDH. Cancillería y la Subsecretaría de Derechos Humanos buscan que se levanten las cautelares que reconocieron el riesgo extremo para su salud. Es una señal política inequívoca: Argentina se dispone a incumplir compromisos internacionales para sostener una presa emblemática.
Desde los organismos de derechos humanos no dudan: el caso Milagro Sala no tiene precedentes. Es la demostración descarnada de una Justicia provincial alineada con el poder político para castigar a una dirigente social por ser opositora, y de un Estado nacional que hoy elige mirar para otro lado o, peor aún, empujar el castigo.
Diez años después, Milagro Sala está enferma, con su familia destruida, lejos de su provincia y todavía bajo amenaza judicial. No es justicia: es escarmiento. No es legalidad: es venganza. Y mientras el Estado insiste en sostenerla tras las rejas, la democracia argentina sigue cargando una deuda que ya no puede disimular.
