Femicidio en Chicoana: cuestionan los controles estatales

21/11/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ilustrativa. Web.
El asesinato de Denise Viñabal, cometido por su expareja, el policía Carlos Enrique Pascal, expuso graves interrogantes sobre los mecanismos de prevención y protección frente a la violencia de género. La falta de seguridad en el Centro de Mediación, los controles sobre efectivos armados y la respuesta institucional quedaron bajo cuestionamiento. La Asamblea Lesbotransfeminista de Salta expresó su hartazgo y apuntó contra los gobiernos provincial y nacional.

El femicidio de Denise Viñabal, de 27 años, asesinada por su expareja, el policía Carlos Enrique Pascal, de 32, puso en evidencia las fallas de los organismos estatales que debían intervenir para prevenir situaciones de violencia de género. El crimen ocurrió en el Centro de Mediación de Chicoana, un espacio que no contaba con personal de seguridad y donde la mujer fue convocada a encontrarse con un hombre autorizado a portar un arma de fuego.

El caso abrió una discusión sobre los protocolos de actuación, los controles internos de la Policía y la capacidad de las instituciones para identificar situaciones de riesgo antes de que se conviertan en hechos irreparables.

El secretario de Justicia de Salta, Javier Mónico, explicó en declaraciones a Radio Nacional que los centros comunitarios de mediación dependen de esa área provincial y que, en el interior, funcionan en espacios cedidos por los municipios. También confirmó que el Centro de Mediación de Chicoana no tenía personal de seguridad, aunque en el edificio municipal continuaban desarrollándose actividades administrativas cuando ocurrió el ataque.

Según el funcionario, Denise había llegado al lugar y esperaba ser atendida. La audiencia todavía no había comenzado. La mediadora estaba ocupada con otra tarea cuando recibió el aviso sobre la presencia de una persona armada. Poco después, escuchó los disparos.

Mónico indicó que Pascal extrajo el arma de una mochila y que, por su condición de integrante de la fuerza policial, estaba autorizado a portarla. También señaló que la mediadora llevaba 15 años trabajando en el centro y reconoció que será necesario revisar los mecanismos de seguridad para proteger tanto a quienes concurren a esos espacios como al personal.

El funcionario mencionó la posibilidad de establecer una articulación con el Ministerio de Seguridad y el Poder Judicial, pero no anunció medidas concretas ni plazos para implementar cambios.

En Salta funcionan aproximadamente 60 centros comunitarios de mediación bajo la órbita de la Secretaría de Justicia, además de otros dependientes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal. Mónico estimó que también existen unos 150 centros privados.

Sobre el procedimiento para convocar a una audiencia, explicó que se realiza una entrevista inicial en la que el mediador o personal administrativo consulta sobre antecedentes de violencia o impedimentos de contacto.

Sin embargo, en el caso de Denise, el secretario sostuvo que, de acuerdo con el relevamiento realizado, no existían denuncias judiciales ni policiales registradas.

Los controles sobre policías que portan armas, bajo cuestionamiento

El ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, también aseguró que ordenó revisar el legajo de Pascal y que no encontraron denuncias formales por violencia de género.

En declaraciones al diario El Tribuno, explicó que cuando existe una denuncia de violencia se activa un protocolo que contempla el apartamiento preventivo del efectivo mientras se desarrolla la investigación y la retención del arma reglamentaria.

“Si hubiese habido un antecedente de denuncias vinculado a algún tipo de violencia o lo que sea, inmediatamente se aplica el protocolo, entra en un proceso, se lo aparta hasta que se investiga y se le retiene el arma reglamentaria”, afirmó.

Avellaneda agregó que los policías realizan estudios psicológicos anuales y que dispuso un seguimiento desde el ingreso a las escuelas de formación policial.

No obstante, sus explicaciones dejan planteado un interrogante central: ¿qué herramientas tiene el Estado para detectar comportamientos violentos cuando no existen denuncias formales y cómo se evalúa la continuidad de la portación de armas en esos casos?

La exsenadora del Partido Obrero Gabriela Cerrano cuestionó el funcionamiento de las mediaciones en situaciones atravesadas por violencia de género y sostuvo que el femicidio de Denise dejó al descubierto una cadena de errores en la intervención estatal.

“Lo que pasó acá es que todo se hizo absolutamente mal”, afirmó.

Cerrano remarcó que un policía no puede ser tratado como cualquier otro ciudadano cuando se analiza una situación de violencia, debido a las facultades y los recursos que tiene a disposición.

“Un policía no es lo mismo que cualquier civil. Es un hombre que está autorizado a portar arma”, advirtió.

También planteó la necesidad de revisar el uso de las mediaciones en conflictos por alimentos o regímenes de visitas y cuestionó que los centros del interior funcionen en instalaciones municipales sin protocolos específicos para intervenir ante situaciones violentas.

La polémica por el homenaje municipal al femicida

La actuación institucional de la Municipalidad de Chicoana también quedó bajo cuestionamiento después de que difundiera placas de condolencias tanto por la muerte de Denise como por la de su femicida, quien posteriormente se suicidó.

La publicación dedicada al policía incluía un mensaje de homenaje: “Tu partida deja un profundo vacío, pero tu recuerdo vivirá por siempre en el corazón de quienes te amaron”.

El mensaje provocó indignación y cuestionamientos públicos por el tono utilizado para despedir a quien había sido señalado como autor del femicidio.

Tras la repercusión, el intendente Esteban Ivetich explicó en una entrevista con Radio Aries que el municipio mantiene vínculos con ambas familias porque son vecinas de la localidad.

“Nosotros institucionalmente hacemos esto para cada fallecimiento de cada persona”, sostuvo.

Sin embargo, reconoció el error institucional y confirmó que ordenó retirar la publicación.

“Tengo que pedir disculpas en nombre de la municipalidad porque es mi responsabilidad, pero por eso decidí bajarlo”, expresó.

Ivetich también explicó que el área municipal de Género fue reestructurada y sus funciones quedaron incorporadas a la Secretaría de Acción Social. Como parte de las tareas del municipio, mencionó la realización de charlas, capacitaciones y abordajes integrales.

Respecto del Centro de Mediación, aclaró que depende directamente del Gobierno provincial y que la Municipalidad solamente aporta el espacio físico. También sostuvo que no existían antecedentes de violencia denunciados que funcionaran como una señal de alerta para impedir la convocatoria.

“Hartas de contar femicidios”: el duro pronunciamiento feminista

El femicidio de Denise Viñabal provocó también una fuerte reacción de la Asamblea Lesbotransfeminista de Salta, que difundió un pronunciamiento en el que manifestó su hartazgo frente a la continuidad de los asesinatos y las violencias contra mujeres y diversidades.

“En Salta nos están matando”, comienza el documento.

“Hartas de contar femicidios, de sumar nombres, de llorar a nuestras hermanas y preguntarnos: ¿hoy a quién le toca?”, expresó la organización, que cuestionó las políticas de los gobiernos provincial y nacional.

La Asamblea apuntó contra quienes gobiernan y sostuvo que miran para otro lado mientras, según denunció, entregan tierras ancestrales a los sectores más ricos de Salta, despojan a los pueblos originarios de sus territorios y acompañan las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei.

El comunicado también cuestionó la designación de Julia Valencia Donat como subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad, al considerar que “no tiene perspectiva de género y mucho menos de clase”.

Además, denunció la complicidad de los gobiernos con discursos de odio dirigidos contra mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, personas no binarias, periodistas, jubilades y personas con discapacidad.

“Son racistas, clasistas y sostienen políticas que profundizan las desigualdades, el hambre y la exclusión”, manifestaron.

Para la Asamblea, los femicidios y las distintas expresiones de violencia no constituyen episodios aislados, sino que forman parte de un escenario político y social que permite la reproducción de esas agresiones.

“Es un modelo político que habilita el odio, profundiza las violencias y pretende disciplinar nuestros cuerpos y nuestras luchas”, afirmaron.

El pronunciamiento cerró con un mensaje de hartazgo frente a la falta de respuestas y la continuidad de los hechos de violencia:

“Estamos hartas. Hartas de sobrevivir a un sistema que nos violenta. Hartas de gobiernos que eligen proteger privilegios antes que vidas. Hartas de que la respuesta siempre llegue tarde”.

La consigna final fue contundente: “¡Ni una menos! ¡Basta de violencia! ¡Basta de odio y despojo!”.

Con información de Salta/12, para Página/12.