06/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Javier Milei, el libertario que quita libertades (no es libertario). Imagen: Web.
La mañana del lunes dejó una escena que resume el clima de época entre el gobierno de Javier Milei y buena parte del periodismo. Un periodista acreditado de El Destape llegó a la Casa Rosada para hacer lo que hace todos los días: trabajar. Pero esta vez la puerta se cerró antes de que pudiera cruzarla. Su huella digital, el sistema habitual de acceso para la prensa acreditada, estaba inhabilitada. Nadie del medio podía entrar.
Los periodistas afectados fueron Jonathan Heguier y Javier Slucki. Según relató Slucki, cuando llegó al ingreso habitual de la sede del Poder Ejecutivo, el agente de seguridad le informó que su acceso había sido bloqueado. La explicación no fue técnica ni administrativa: su huella estaba desactivada y no podía ingresar.
La escena tenía otro detalle. En la puerta, un funcionario aguardaba con una lista que definía quién podía entrar y quién no. El criterio, según les comunicaron, estaba vinculado a una supuesta investigación internacional que habla de financiamiento ruso a medios argentinos. Bajo esa excusa, los periodistas de algunos medios tenían el acceso suspendido hasta que la situación “se aclarara”.
El problema es que la propia investigación citada por el Gobierno no confirma lo que se intenta instalar. La organización internacional openDemocracy publicó un informe en el que sostiene que un grupo vinculado a Rusia habría pagado dinero para difundir contenido contra la gestión de Milei. Pero la editora del trabajo, Diana Carboni, aclaró públicamente que no existen pruebas de que esos pagos se hayan concretado ni de que hayan llegado a periodistas o medios específicos.
Mientras tanto, la medida ya estaba aplicada. Los periodistas de El Destape quedaron afuera de la Casa Rosada, sin poder cubrir la actividad del Gobierno ni acceder a las fuentes oficiales. Slucki relató que la decisión, según le indicaron en el ingreso, proviene directamente de la Oficina de Comunicación.
El episodio se inscribe en un contexto más amplio de tensión entre el oficialismo y la prensa. Durante el último año, organizaciones periodísticas registraron un aumento significativo de agresiones y restricciones contra periodistas en la Argentina, incluyendo limitaciones de acceso a la información y campañas de hostigamiento desde el poder político.
Dentro de ese escenario, la decisión de bloquear el ingreso a periodistas acreditados en la sede del Poder Ejecutivo marca un nuevo escalón. No se trata de un cruce verbal ni de una crítica desde el atril. Es la puerta cerrada de la Casa Rosada para un medio que fue a hacer su trabajo.
La escena es simple y contundente: periodistas acreditados que llegan a cubrir la actividad presidencial y un sistema de acceso que, de un día para otro, deja de reconocerlos. En la práctica, censura administrativa para impedir que informen.
