15/01/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Incendios en la Patagonia. Imagen: Martin Levicoy/AFP.
Mientras la Argentina se quema literalmente y el fantasma del desastre ambiental recorre el sur del país, el Gobierno nacional decidió que la mejor estrategia frente a una catástrofe sin respuestas reales es repartir culpas, endurecer sanciones y armar un gran teatro de señalamientos. La salida oficial no pasa por políticas de prevención ni de inversión en capacidades de combate al fuego: pasa por buscar responsables externos a su propia falta de gestión concreta.
En medio de incendios que ya dejan miles de hectáreas arrasadas en la Patagonia, con focos activos y un alerta general de riesgo extremo que abarca casi todo el territorio argentino, la opta por criminalizar presuntas responsabilidades ajenas y adelantar intenciones de endurecer penas, en vez de fortalecer el sistema de Manejo del Fuego que hace años viene diezmado.
La escena oficial se parece cada vez menos a la de un gobierno con prioridades claras y más a la de un poder político que evade la crisis real y se embarra en atribuciones de culpas sin sustento comprobado, mientras el país colapsa bajo las llamas. La investigación en Chubut incluso descarta orígenes accidentales y apunta a intervención humana deliberada, pero lejos de centrar recursos y coordinación técnica, el Ejecutivo prefiere reflotar fantasmas y buscar atajos punitivos.
Es llamativo cómo, en pleno avance de un desastre ecológico y social, las respuestas oficiales van por el carril de la teoría de la conspiración, la ampliación de sanciones y la distracción mediática, cuando las alertas meteorológicas y la falta de preparación y fondos para combate de incendios vienen de tiempo atrás.
El resultado es un combo explosivo: bosques que se queman, comunidades afectadas, miles de hectáreas perdidas y un Gobierno que no sólo deja pasar la tragedia, sino que intenta desligarse de responsabilidades con discursos de culpabilización externa, sin enfrentar de raíz la falla en políticas que hace años vienen socavando la capacidad estatal para prevenir y atender estos desastres.
