Escándalo libertario por irregularidades en el PAMI

22/08/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Arrascaeta junto a Pagotto. Imagen: LPO/Juanca Casas.
La exdirectora del PAMI de San Luis denunció amenazas y cuestionó presuntas prestaciones sobrefacturadas por clínicas vinculadas a la familia de Rodolfo Negri. La investigación también apunta a supuestas presiones sobre trabajadores del organismo y a una disputa que habría llegado hasta la conducción nacional del PAMI.

Un nuevo escándalo sacude al PAMI y tiene como protagonistas a la senadora libertaria Ivanna Arrascaeta y a su esposo, el empresario Rodolfo Negri. Ambos fueron denunciados por la exdirectora del organismo en San Luis, Cecilia Morales, quien aseguró haber recibido presiones y amenazas en medio de una investigación sobre presuntas irregularidades en prestaciones facturadas por clínicas vinculadas a la familia Negri.

Según la denuncia, las clínicas y centros de atención vinculados a la familia habrían presentado prestaciones por cientos de millones de pesos que son actualmente objeto de auditorías. Entre los establecimientos mencionados aparece la clínica Aconcagua, además de consultorios externos y un centro de rehabilitación administrado por familiares del empresario.

Una denuncia que involucra a una senadora libertaria

Morales relató que el 1 de junio fue abordada por Arrascaeta en el aeropuerto de San Luis, cuando se encontraba por viajar a Buenos Aires.

De acuerdo con su denuncia, la senadora le habría reclamado que no obstaculizara la carga de prestaciones realizada mediante un sistema informático por una persona vinculada a su esposo. La funcionaria sospechaba que ese mecanismo podía utilizarse para registrar prestaciones que no se habrían realizado.

En ese contexto, Morales aseguró que Arrascaeta le habría dicho: “Voy a cortar cabezas, voy a cortar todas las cabezas”, mientras la tomaba del brazo.

Negri, según la misma presentación, también le habría reclamado por las auditorías ordenadas sobre las clínicas de su hermano y cuestionado que no hubiera sido informado previamente.

Las millonarias prestaciones bajo investigación

Las sospechas sobre las clínicas de la familia Negri comenzaron a crecer luego de que Morales asumiera la conducción del PAMI puntano en septiembre de 2025.

Según datos citados en la investigación, los hermanos Negri habrían facturado al organismo $1.091 millones en septiembre de 2025, $825 millones en octubre y más de $700 millones durante noviembre y diciembre. En enero y febrero de 2026, las prestaciones nuevamente habrían superado los $900 millones mensuales.

Las cifras llamaron la atención dentro del organismo y derivaron en auditorías destinadas a determinar si las prestaciones declaradas podían efectivamente haberse realizado.

Una auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal de Investigaciones de delitos cometidos en el PAMI solicitó documentación vinculada con las prestaciones de fisiatría, incluyendo órdenes, horarios, diagnósticos, prescripciones y montos abonados.

Desde el PAMI, según las fuentes citadas, consideraron difícil justificar la cantidad de órdenes registradas porque “no hay espacio de tiempo para atender esa cantidad de gente”.

Una clínica reconoció una prestación que no había sido cargada

La investigación también incorporó otro episodio ocurrido en noviembre de 2025.

El apoderado legal de la clínica Aconcagua, Daniel Francisco Pino Adaro, fue consultado sobre una prestación que habría sido informada de manera incorrecta. En aquella oportunidad respondió que una cirugía realizada no había sido cargada en el sistema y atribuyó la situación a un posible error administrativo o incluso a un inconveniente técnico.

Mientras avanzaban las investigaciones, el conflicto terminó judicializado. La exdirectora Morales comenzó a reclamar una revisión de miles de órdenes correspondientes a distintos períodos.

Una reunión que quedó registrada

En medio de la escalada del conflicto, Negri mantuvo una reunión en la delegación del PAMI de San Luis con Morales y otros funcionarios jerárquicos.

El encuentro fue grabado y, según el material difundido, el empresario habría buscado obtener información interna que le permitiera responder frente a la investigación judicial.

En el audio, Negri reclama información sobre la gestión anterior y sostiene que necesita conocer los antecedentes para poder defenderse frente a las acusaciones.

La situación se produjo mientras la investigación sobre las prestaciones de las clínicas continuaba avanzando.

El conflicto llegó hasta Lule Menem

La disputa también habría alcanzado a la conducción política del PAMI.

Según la información publicada, Lule Menem convocó a una reunión en la que participaron Morales, Arrascaeta, Negri y el exsubdirector ejecutivo del organismo, Carlos Blas Zamparolo, con el objetivo de intentar contener el conflicto.

El encuentro habría ocurrido en un momento particularmente sensible para el Gobierno nacional, que buscaba evitar nuevos escándalos políticos.

De acuerdo con una de las fuentes citadas en la investigación, Negri habría amenazado con que la banca de su esposa se transformara en un monobloque y dejara de acompañar proyectos impulsados por La Libertad Avanza en el Senado.

También denuncian presiones a empleados

Las acusaciones no se limitaron a Morales. El 25 de junio, una trabajadora del PAMI habría enviado un correo al equipo de orientación del organismo para denunciar llamados telefónicos que, según relató, buscaban amedrentarla a ella y a otros empleados.

La mujer describió una situación de discusión, violencia e insultos y solicitó la intervención de las autoridades correspondientes.

Además, fuentes citadas en la investigación aseguraron que la delegación puntana mantiene abiertas varias investigaciones relacionadas con el prestador y que Morales había solicitado revisar más de 7.000 órdenes de prestación correspondientes al período comprendido entre 2024 y 2026.

La denuncia también menciona supuestos episodios de hostigamiento que habrían ocurrido en distintos lugares de San Luis e incluso la presencia de personas que decían responder a Negri cerca del domicilio de la exfuncionaria.