02/10/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Evo Morales. Imagen: Adrián Pérez.
El juez federal Sebastián Ramos archivó por inexistencia de delito las denuncias contra el expresidente boliviano Evo Morales por presuntos abusos de menores durante su estadía en Argentina. La investigación incluyó testimonios de 28 policías federales y el análisis de registros migratorios, que, según el fallo, no acreditaron la convivencia con menores.
El juez federal Sebastián Ramos archivó por inexistencia de delito la causa contra Evo Morales por las acusaciones de presunto abuso de menores durante la estadía del expresidente de Bolivia en Argentina.
La resolución, de nueve páginas, fue dictada después de una investigación que incluyó decenas de testimonios y el análisis de registros migratorios. Según el fallo, las medidas de prueba no permitieron acreditar que Morales hubiera convivido con mujeres menores de edad ni que existieran situaciones de explotación en los domicilios investigados.
La decisión se conoce después de un proceso judicial que había tenido distintos capítulos. En abril de 2025, la Cámara Federal porteña había revocado un archivo anterior y ordenado profundizar la investigación, al considerar que todavía debían producirse medidas de prueba.
Declararon 28 policías que custodiaron a Morales
Uno de los elementos centrales considerados por Ramos fueron los testimonios de 28 integrantes de la Policía Federal que, en distintos momentos, formaron parte de la custodia del exmandatario durante su permanencia en Argentina.
De acuerdo con la resolución, los testimonios fueron considerados sustancialmente coincidentes. Ninguno de los efectivos afirmó haber visto a menores de edad viviendo en los inmuebles utilizados por Morales, realizando tareas domésticas o sometidas a condiciones de explotación.
El juez también analizó la documentación vinculada con los movimientos migratorios de las mujeres mencionadas en las denuncias para determinar sus edades y establecer si efectivamente habían estado en Argentina durante el período investigado.
Los registros migratorios no respaldaron la acusación
Uno de los puntos centrales de la resolución fue la comparación entre las acusaciones y la información oficial de Migraciones.
Según el fallo, la investigación no encontró elementos que permitieran corroborar que Morales hubiera convivido en Argentina con cuatro mujeres menores de edad, como se había planteado en la denuncia.
Tampoco se acreditó, de acuerdo con la resolución, que esas mujeres hubieran sido trasladadas o recibidas con fines de explotación, ni que se hubieran desempeñado como empleadas domésticas o integrantes del equipo personal de Morales bajo esas condiciones.
El magistrado analizó además situaciones particulares vinculadas con las personas mencionadas en las acusaciones.
En el caso de Noemí Meneses Chávez, el juez señaló que los registros indicaban que ya era mayor de edad cuando ingresó a la Argentina. Respecto de otra de las mujeres mencionadas, la documentación estableció que había abandonado el país antes de la llegada de Morales.
También fue analizada la referencia a Angélica Ponce, quien había prestado declaración en Bolivia. Según la resolución, no pudo establecerse su identidad mediante las pruebas incorporadas al expediente y su supuesto relato no coincidió con la documentación migratoria ni con los testimonios del personal que custodió al expresidente.
Una causa que había sido reabierta en 2025
El expediente tuvo un antecedente importante en abril de 2025, cuando la Cámara Federal porteña revocó una decisión anterior de Ramos que había dispuesto el archivo.
En aquella oportunidad, los camaristas Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi ordenaron continuar y profundizar la investigación por las denuncias de presunta trata de personas y abuso de menores. Consideraron que todavía existían medidas de prueba que debían realizarse.
Entre las medidas posteriores estuvieron precisamente las declaraciones de integrantes de la Policía Federal que habían participado de la custodia de Morales y el cotejo de información migratoria.
Con los resultados de esas diligencias, Ramos volvió a analizar la hipótesis investigada y concluyó que no se acreditó la existencia del delito denunciado.
El archivo fue por inexistencia de delito
La resolución no constituye simplemente el cierre administrativo de una investigación: el juez dispuso el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito.
El fallo sostiene que el conjunto de pruebas reunidas permitió descartar los elementos centrales de las acusaciones vinculadas con la supuesta convivencia de menores con Morales y con situaciones de explotación.
De esta manera, la investigación federal en Argentina queda archivada en los términos establecidos por la resolución de Sebastián Ramos.
