08/05/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Manuel Adorni y Marcelo Grandio, cada vez más complicados. Imagen: Web.
El escándalo que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo explosivo tras la aparición de transferencias mensuales realizadas por la TV Pública a la productora de su amigo y socio mediático Marcelo Grandio, pese a que el funcionario había negado de manera categórica la existencia de esos pagos durante su presentación ante el Congreso.
La revelación volvió a sacudir al Gobierno nacional y profundizó las sospechas alrededor de la relación entre Adorni y el empresario, actualmente bajo investigación judicial en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y posibles conflictos de intereses.
Según una investigación periodística, la productora Imhouse, vinculada a Grandio, recibió pagos por más de 3 millones de pesos por la emisión del programa “Enredados”, transmitido a través del streaming de la TV Pública desde septiembre del año pasado.
Los documentos conocidos muestran que Radio y Televisión Argentina (RTA), mediante la Gerencia de Administración y Finanzas del canal estatal, realizó transferencias a favor de la empresa desde octubre de 2025. Hasta el momento ya habrían aparecido al menos seis contratos firmados entre la productora y la señal pública.
La situación generó un fuerte impacto político porque, apenas días atrás, Adorni había asegurado ante diputados nacionales que la TV Pública “no asumió pagos a IMHOUSE S.A.”, afirmación que ahora quedó bajo cuestionamiento tras conocerse la documentación.
El contrato que formalizó la relación entre la empresa privada y el canal estatal lleva las firmas del interventor de Medios Públicos, Carlos María Curci González, y de Horacio Silva, representante de Imhouse. Silva también quedó envuelto en la polémica por haber sido señalado como la persona que financió el regreso en avión privado de Adorni y Grandio desde Punta del Este.
La relación entre ambos empresarios mediáticos y el funcionario libertario no es nueva. Adorni y Grandio compartieron durante años distintos proyectos televisivos y radiales, incluyendo el programa “Gritalo!”, emitido por Canal Metro y producido justamente por Imhouse.
En ese ciclo político y económico, ambos aparecían juntos frente a cámara entrevistando dirigentes y analizando la actualidad nacional. Hoy, ese vínculo histórico quedó bajo la lupa judicial y política debido a las sospechas sobre posibles beneficios estatales y contrataciones cruzadas.
La investigación intenta determinar si existieron gestiones directas o influencias desde el entorno de Adorni para favorecer a la productora de su amigo mediante contratos con el Estado. Por ese motivo, la Justicia ordenó peritar comunicaciones entre ambos para analizar el contenido de mensajes, llamadas y contactos vinculados a las contrataciones.
El caso ya se transformó en una nueva bomba política para el Gobierno de Javier Milei, golpeado por denuncias, internas y crecientes cuestionamientos sobre el manejo de fondos públicos y las relaciones entre funcionarios y empresarios cercanos al poder.
Mientras el oficialismo intenta contener el daño político, desde la oposición endurecieron el discurso y aprovecharon la aparición de los contratos para volver a cargar contra el Gobierno.
Uno de los más duros fue el diputado nacional Santiago Cafiero, quien sostuvo que el caso “grafica lo que verdaderamente termina siendo este gobierno”. El dirigente peronista acusó a la administración libertaria de atacar distintos sectores sociales mientras se multiplican los escándalos vinculados a funcionarios nacionales.
Cafiero también vinculó el caso Adorni con otras polémicas recientes relacionadas con organismos estatales, contratos y sospechas de irregularidades dentro de la administración pública.
La aparición de las transferencias y los contratos vuelve a poner a Adorni en el centro de la tormenta política y judicial, en momentos en que la oposición ya impulsa pedidos de interpelación en el Congreso y el oficialismo enfrenta crecientes dificultades para contener el impacto de las denuncias.
