13/05/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Karina Milei y Diego Spagnuolo. Imagen: Web.
La crisis política dentro del gobierno de Javier Milei sumó un nuevo capítulo explosivo tras una auditoría demoledora en la Agencia Nacional de Discapacidad que dejó al descubierto presuntos sobreprecios millonarios, contratos direccionados y una interna salvaje entre el entorno de Santiago Caputo y el armado político de Karina Milei.
El informe técnico presentado ante el juzgado de Ariel Lijo expone cifras que en tribunales califican como “escandalosas” y “técnicamente indefendibles”. La auditoría revisó más de 500 expedientes vinculados a compras por más de 18 mil millones de pesos y detectó maniobras que ahora podrían derivar en una causa de corrupción de enorme impacto político.
Entre los datos más graves aparecen andadores comprados con sobreprecios del 4239%, válvulas cardíacas pagadas hasta un 242% más caras que otros organismos públicos y sillas de ruedas adquiridas por el Estado a 19 millones de pesos cuando el valor de mercado rondaría apenas 1,3 millones.
El hallazgo fue tan explosivo que el Ministerio de Salud decidió congelar pagos por casi 5 mil millones de pesos ante sospechas de fraude y direccionamiento de fondos públicos.
La investigación encabezada por el fiscal Franco Picardi apunta directamente al manejo del sistema de contrataciones y a una estructura que, según la denuncia, simulaba competencia entre empresas vinculadas entre sí para quedarse con licitaciones millonarias.
En el centro del escándalo aparece el denominado “Grupo Museo”, un chat de WhatsApp donde funcionarios y empresarios habrían coordinado maniobras para manipular concursos y garantizar negocios entre firmas amigas.
Bajo la lupa quedó además Diego Spagnuolo, hombre cercano a Milei y pieza clave dentro del organismo. Su situación judicial se agravó tras la aparición de audios comprometedores que sugieren presuntos pedidos de retornos a proveedores del Estado.
Pero el terremoto ya no es solamente judicial. En la Casa Rosada la auditoría fue interpretada como una jugada directa del sector que responde a Santiago Caputo contra el núcleo político manejado por Karina Milei. El trasfondo es una feroz interna de poder dentro del oficialismo, donde distintas facciones empiezan a filtrarse mutuamente expedientes, audios y operaciones.
Mientras el Gobierno predica ajuste, recortes y motosierra contra jubilados, universidades y trabajadores estatales, el escándalo golpea de lleno el discurso anticasta libertario: la Justicia investiga si parte de los fondos destinados a personas con discapacidad terminaron atrapados en una red de contratos inflados y negocios cruzados.
Con teléfonos secuestrados, chats peritados y millones de pesos bajo sospecha, el caso amenaza con convertirse en una de las bombas políticas más peligrosas para la administración Milei.
Con información de El Ciudadano.
