07/10/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Corte suprema de Justicia. Imagen: Prensa.
La Corte Suprema abrió un nuevo expediente que cuestiona la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por el DNU 70/2023 de Javier Milei. El tribunal convocó a dos conjueces ante la falta de acuerdo entre sus integrantes, mientras organizaciones ambientales y comunidades mapuches reclaman una cautelar pendiente desde agosto de 2024.
La Corte Suprema de Justicia volvió a poner bajo análisis la derogación de la Ley de Tierras impulsada por el Gobierno de Javier Milei mediante el DNU 70/2023. El máximo tribunal comenzó a estudiar un expediente presentado por organizaciones ambientales, comunidades mapuches, vecinos y dirigentes políticos que cuestionan la eliminación de las restricciones a la extranjerización de tierras rurales.
El movimiento de la Corte resulta significativo porque llega después del controvertido fallo que rechazó la legitimación del Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas (CECIM) de La Plata para cuestionar la derogación de la norma.
Ahora, el tribunal deberá analizar otro planteo que incluye una medida cautelar pendiente desde agosto de 2024. La falta de unanimidad entre los ministros llevó a la convocatoria de dos conjueces para intervenir en el expediente.
Los designados fueron Diego Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Como suplentes quedaron Eduardo Farah y Jorge Morán.
Una nueva oportunidad para revisar el DNU 70
El expediente fue promovido por la organización Árbol de Pie, las comunidades mapuches Lafkenche y Lof Fvta Anekon, la exlegisladora rionegrina Magdalena Odarda y vecinos de la región.
Los demandantes habían cuestionado la derogación de la Ley 26.737 prácticamente desde la entrada en vigencia del DNU 70. Su reclamo llegó a la Corte en el marco de un proceso colectivo relacionado con el iniciado por los excombatientes.
Sin embargo, cuando la Corte resolvió el caso del CECIM, omitió pronunciarse sobre este segundo expediente. Los demandantes presentaron entonces un pedido de aclaración para determinar si también estaban alcanzados por aquella decisión o si, por el contrario, su reclamo debía continuar.
La respuesta del máximo tribunal abrió ahora un nuevo escenario. La Corte informó que convocaría a conjueces porque no logró unanimidad de criterios respecto del planteo.
Ese dato alimenta las expectativas de quienes buscan frenar los efectos del DNU 70, aunque todavía no existe una decisión que haya revertido la derogación de la Ley de Tierras.
¿Puede la Corte dar marcha atrás?
El punto central es qué hará el máximo tribunal con este nuevo expediente.
Una posibilidad es que analice primero la legitimación de los demandantes. Es decir, que determine si tienen capacidad jurídica para cuestionar la derogación de la Ley de Tierras y si su situación es equivalente a la del CECIM o presenta características diferentes.
Si considera que el caso es distinto, podría ordenar que continúe su trámite en tribunales inferiores, ya sea en Río Negro o en La Plata, dependiendo de cómo se determine el ámbito correspondiente para el proceso colectivo.
Existe también una alternativa mucho más contundente: que la Corte dicte una medida cautelar para suspender los efectos de la derogación mientras analiza el fondo de la cuestión.
Esta última posibilidad fue planteada por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y representaría un giro relevante respecto del escenario generado por el DNU 70/2023.
Ambiente, pueblos originarios y soberanía territorial
El reclamo no se limita a la discusión sobre quién puede comprar tierras rurales en Argentina.
Las organizaciones sostienen que la antigua Ley de Tierras funcionaba también como una herramienta vinculada con la protección del ambiente y la biodiversidad. Además, plantean que su eliminación puede afectar los derechos de los pueblos originarios sobre los territorios que ocupan tradicionalmente.
La demanda comenzó a tramitarse luego de la publicación del DNU 70, el 28 de diciembre de 2023. Inicialmente pasó por los tribunales de Bariloche, pero luego fue enviada a La Plata por su conexión con el expediente promovido por el CECIM.
La Cámara Federal platense había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras en el caso de los excombatientes. Respecto del expediente de Árbol de Pie, consideró que existía una pretensión similar y lo remitió a la Corte.
El problema es que ese segundo reclamo no recibió hasta ahora una respuesta de fondo.
La falta de acuerdo obliga a sumar conjueces
La convocatoria de Barroetaveña y Pérez Curci constituye uno de los elementos políticos más sensibles del nuevo escenario.
La Corte está integrada por tres ministros, por lo que una falta de acuerdo que impida alcanzar una decisión requiere recurrir a conjueces para completar el tribunal.
La definición puede resultar determinante para el futuro de la Ley de Tierras y, más ampliamente, para el alcance de las reformas introducidas por el DNU 70/2023.
Desde el sector demandante ya anticiparon que pedirán una audiencia pública, además de la apertura del registro de amicus curiae para que organizaciones y especialistas puedan aportar argumentos al tribunal.
También analizan planteos relacionados con la integración del tribunal y la eventual recusación de magistrados.
Una Corte bajo presión
El nuevo expediente llega en medio de una creciente tensión entre la Corte, organizaciones sociales, sectores políticos y comunidades que cuestionan sus últimas decisiones.
El antecedente inmediato es el fallo relacionado con el CECIM, que provocó movilizaciones y fuertes críticas por considerar que el tribunal había dejado abierta la puerta a la extranjerización de tierras rurales al no avanzar sobre el fondo de la derogación.
Ahora, con este segundo expediente, la Corte tiene una nueva oportunidad para pronunciarse sobre el corazón del problema: si el Poder Ejecutivo podía eliminar mediante un decreto de necesidad y urgencia las restricciones establecidas por la Ley de Tierras.
La discusión adquiere todavía mayor relevancia porque existen más de 30 planteos judiciales vinculados con el DNU 70/2023, según el planteo expuesto en el expediente y el debate público alrededor de la norma.
Por ahora, no hay una marcha atrás. Pero la decisión de reactivar este caso y convocar conjueces ante la falta de unanimidad muestra que dentro del máximo tribunal existe una discusión abierta sobre cómo avanzar.
La próxima definición podría determinar si la derogación de la Ley de Tierras queda firme o si, por el contrario, la Corte comienza a ponerle límites a una de las medidas más cuestionadas del DNU 70 de Milei.
