25/08/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Mario Lugones junto a Agustina Bisio. Imagen: Web.
La causa por las muertes provocadas por fentanilo contaminado suma nuevas declaraciones de dos exfuncionarias de ANMAT, que presentaron versiones contrapuestas sobre el funcionamiento del organismo. Ambas señalaron distintos niveles de intervención del Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones.
La investigación por la muerte de al menos 90 personas a causa de fentanilo contaminado suma nuevas declaraciones que vuelven a poner bajo la lupa el funcionamiento de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el rol del Ministerio de Salud.
Las dos exfuncionarias imputadas en la causa, Agustina Bisio, exadministradora nacional de ANMAT, y Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), presentaron ante la Justicia versiones diferentes sobre quién tomaba las decisiones y qué información llegaba a las autoridades.
Ambas se encuentran en libertad bajo fianza y declararon ante el juez federal Ernesto Kreplak.
Versiones enfrentadas
Bisio rechazó que todo lo ocurrido dentro de ANMAT hubiera estado bajo su conocimiento directo. En su declaración, sostuvo que la estructura del organismo, integrada por más de 1.100 agentes y 110 unidades organizativas, hacía imposible que la máxima autoridad pudiera controlar cada procedimiento.
La exfuncionaria también señaló al INAME y a Mantecón Fumadó como responsables de algunas decisiones vinculadas con las medidas preventivas contra los laboratorios involucrados.
Sin embargo, la exdirectora del INAME dio una versión diferente y aseguró que existía una intervención directa del Ministerio de Salud en determinados procedimientos.
Según Mantecón Fumadó, Bisio tenía instrucciones para que los asuntos relevantes pasaran previamente por la cartera sanitaria. También afirmó que existía una insistencia del Ministerio respecto de la evolución de las inspecciones.
“Agustina tenía la orden de que todo pase por el Ministerio”, declaró, según la información publicada sobre la causa.
La exfuncionaria aseguró además que esa modalidad no estaba establecida por una normativa específica, sino que constituía “una metodología de esta gestión”.
Qué dijo Bisio sobre Mario Lugones
En su presentación judicial, Bisio mencionó directamente al ministro de Salud, Mario Lugones.
Según su declaración, mantenía reuniones periódicas con funcionarios del Ministerio y sostuvo que Lugones manifestaba su intención de endurecer y acelerar los controles sanitarios sobre los laboratorios investigados.
Incluso afirmó que en una de esas reuniones el ministro habría dado instrucciones para cerrar o suspender laboratorios que presentaran irregularidades similares a las detectadas en Laboratorios Ramallo.
El punto genera una contradicción dentro de la propia investigación: mientras las declaraciones buscan establecer responsabilidades sobre las decisiones que se demoraron, también podrían demostrar que funcionarios de la cartera sanitaria tenían conocimiento de la situación de los laboratorios.
La Justicia deberá determinar ahora qué grado de responsabilidad corresponde a cada funcionario y qué información estaba efectivamente en poder de las autoridades.
La demora que quedó bajo la lupa
Uno de los puntos centrales de la investigación es la advertencia que terminó prohibiendo la producción en Laboratorios Ramallo.
El documento fue firmado por Bisio y Mantecón Fumadó el 10 de febrero de 2025, pese a que los equipos técnicos habían elevado el expediente 38 días antes.
Según la información difundida en la causa, la normativa establecía un plazo de apenas dos días para resolver este tipo de situaciones.
Para ese momento ya se había producido el fentanilo contaminado que posteriormente provocaría decenas de muertes y lesiones.
Un informe confidencial expuso fallas en ANMAT
A la investigación se sumó además un informe confidencial elaborado después de la tragedia, que habría analizado el sistema de fiscalización de los 253 laboratorios existentes en el país.
El documento señala demoras superiores a 200 días en trámites relacionados con denuncias sobre medicamentos y registra casos que llegaron hasta los 600 días.
Otro dato señalado es que el 21,7% de los laboratorios no había sido inspeccionado durante más de cinco años.
El informe también cuestiona los mecanismos utilizados para verificar el retiro del mercado de medicamentos observados. En determinados expedientes, el proceso aparecía como concluido sin que constaran controles suficientes sobre la recuperación efectiva de los productos.
Una causa que sigue avanzando
Las nuevas declaraciones profundizan las diferencias entre las funcionarias imputadas y colocan nuevamente al Ministerio de Salud en el centro de la investigación.
Mientras Bisio sostiene que Lugones impulsaba controles más estrictos, Mantecón Fumadó afirma que desde la cartera sanitaria existía una intervención directa sobre las decisiones de ANMAT.
Ahora, Kreplak deberá resolver la situación procesal de las exfuncionarias, mientras continúa la investigación para determinar cómo se produjeron las fallas que permitieron que el fentanilo contaminado llegara a pacientes.
