21/01/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Judiciales en alerta, la Corte le baja el pulgar a la feria y retrasa el golpe de la SIDE sin orden judicial. Comodoro Py. Imagen: Web.
La Justicia federal volvió a encender la polémica política cuando rechazó habilitar la feria judicial de enero para tratar el cuestionamiento al polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, que amplía las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) al punto de permitir detenciones sin orden judicial. La decisión desató una ola de críticas desde sectores de derechos humanos, organizaciones científicas y figuras de la oposición, que alertan por un retroceso de garantías constitucionales y un blindaje judicial al Gobierno de Javier Milei.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) impulsó una presentación ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal para declarar la nulidad absoluta e inconstitucional del DNU, argumentando que la reforma a la Ley de Inteligencia no sólo fue dictada sin los requisitos que exige la Constitución, sino que faculta a agentes de inteligencia a detener personas sin control judicial, algo que organizaciones de derechos humanos definieron como un salto hacia un Estado de sospecha permanente.
Sin embargo, cuando los abogados del CELS pidieron que se habilitara la feria judicial para que el reclamo fuera tratado de inmediato durante el receso, el juez Walter Lara Correa, basándose en el dictamen del fiscal, optó por dejar pasar el tema hasta que termine la feria. La negativa fue replicada en otro expediente similar impulsado por la Red Argentina de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICYT), que cuestiona un artículo del Presupuesto 2026 que desfinancia la investigación científica.
Los críticos de la decisión —que ahora presentaron recursos de reposición y apelaciones para insistir con la habilitación del receso— advirtieron que la conducta judicial representa un agravio concreto al derecho de acceso a la Justicia, porque deja sin respuesta urgente cuestionamientos que consideran clave para la vigencia de libertades fundamentales y el debate sobre límites del poder estatal.
Ya sin tratamiento en feria, el asunto pasó ahora a manos de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata, que deberá decidir si confirma la negativa a habilitar días inhábiles, o si obliga a que la Justicia se pronuncie de inmediato sobre las demandas que ponen en jaque la legalidad del DNU y del recorte al financiamiento científico.
En medio de este rechazo judicial, organizaciones de derechos humanos y actores políticos opositores presionan para que la Corte Suprema o instancias superiores intervengan y frenen de una vez por todas una norma que, según sus críticos, pone en riesgo garantías básicas y consolida un aparato de inteligencia con poderes inéditos en democracia.
