25/08/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: La senadora nacional por Salta, Flavia Royón. Imagen: Web.
La Justicia determinó que no existió delito en la investigación contra la senadora nacional por Salta, Flavia Royón. La causa analizaba su actuación durante el debate por la reforma de la Ley de Glaciares y supuestos vínculos con empresas mineras.
La Justicia sobreseyó a la senadora nacional por Salta Flavia Royón en una causa que investigaba su actuación durante el debate por la reforma de la Ley de Glaciares y presuntos vínculos con empresas del sector minero.
La resolución determinó la inexistencia de delito y puso fin a la investigación judicial que había sido impulsada a partir de una denuncia contra la legisladora.
Royón celebró el fallo y sostuvo que durante el proceso quedó descartada la existencia de un vínculo con la empresa a la que, según la denuncia, habría intentado beneficiar.
“Estoy sobreseída. La Justicia encontró que no existió ningún delito”, afirmó la senadora, según publicó Nuevo Diario.
¿De qué se acusaba a Flavia Royón?
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas había presentado una denuncia en la que señalaba a Royón por presuntos delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y cohecho.
La presentación judicial analizaba la actividad legislativa de la senadora durante el debate de la reforma de la Ley de Glaciares y su trayectoria vinculada con el sector minero.
La legisladora rechazó las acusaciones y calificó la denuncia como una “causa inventada”. También cuestionó el trasfondo político de la presentación.
Royón sostuvo que, si hubiera existido una maniobra relacionada con la votación de la reforma, también deberían haber sido denunciados otros senadores que acompañaron el proyecto.
Royón continuará en el Senado
Tras conocerse el sobreseimiento, la senadora afirmó que continuará desarrollando su actividad legislativa en el Congreso de la Nación.
La resolución judicial cierra, según lo informado en la causa, la investigación que buscaba determinar si existieron irregularidades o delitos vinculados con su actuación parlamentaria y sus presuntos vínculos con empresas mineras.
