07/05/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Armas para todos, el gobierno sacó por decreto la portación de armas y el uso de silenciador. Imagen: Web.
El Gobierno nacional dio un paso que ya genera una fuerte polémica y alarma en distintos sectores políticos y sociales: a través del Decreto 306/2026, oficializó una profunda flexibilización en el acceso, la portación y el uso de armas de fuego en manos civiles. La medida, presentada bajo el argumento de fortalecer la “legítima defensa”, habilita cambios que incluyen permisos más amplios de portación, acceso legal a silenciadores y menos controles para registrar armas heredadas.
La nueva normativa, publicada en el Boletín Oficial, modifica puntos centrales de la reglamentación de la Ley Nacional de Armas y Explosivos y otorga mayores facultades a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) para evaluar autorizaciones vinculadas al uso civil de armamento.
Uno de los aspectos más cuestionados es la incorporación del criterio de “riesgo presunto” para justificar pedidos de portación. Hasta ahora, la autorización para portar armas en la vía pública estaba limitada a situaciones excepcionales y altamente restrictivas. Con el nuevo esquema, la ANMaC podrá otorgar permisos basándose en causales subjetivas vinculadas a la legítima defensa propia o de terceros.
Además, el decreto elimina la obligación de renovar las autorizaciones cada año y permite extender los plazos según la evaluación de las circunstancias presentadas por el solicitante. Críticos de la medida advierten que esto podría ampliar significativamente la cantidad de civiles armados circulando en espacios públicos.
Otro de los puntos que encendió el debate es la reclasificación de ciertos accesorios antes prohibidos para uso civil. Los supresores de sonido —conocidos popularmente como silenciadores— y dispositivos de puntería infrarroja o térmica pasan a ser considerados de “Uso Civil Condicional”, permitiendo su utilización legal en polígonos de tiro y actividades recreativas.
El decreto también habilita de manera explícita el uso de munición expansiva por parte de fuerzas de seguridad federales y provinciales. Este tipo de proyectiles, diseñados para deformarse al impactar, ha sido cuestionado históricamente por organismos de derechos humanos debido a su alto poder destructivo.
En paralelo, la normativa simplifica el trámite para registrar armas heredadas. Ya no será necesario iniciar un juicio sucesorio o presentar declaratoria judicial de herederos: bastará con acreditar el vínculo familiar ante la ANMaC mediante documentación personal. Según especialistas, esto acelera las transferencias de armas y reduce controles judiciales previos.
El decreto profundiza así una política de seguridad basada en una mayor flexibilización del acceso al armamento civil, una decisión que ya abrió una fuerte discusión pública sobre los límites entre la defensa personal, el control estatal y los riesgos de una circulación más extendida de armas en la sociedad.
