05/02/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Luis «Toto» Caputo junto a Kristalina Georgieva. Imagen: Web.
La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó ayer a Buenos Aires con una agenda que debería ser puramente económica. Pero lo cierto es que la visita no se desarrolla en un contexto cualquiera: aterriza en medio del escándalo que sacude al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), justo cuando el Gobierno de Javier Milei se ve obligado a postergar cambios clave en la medición oficial de la inflación y enfrentarse a la renuncia de su jefe estadístico, Marco Lavagna.
La comitiva, integrada por técnicos encabezados por Luis Cubeddu y Bikas Joshi, tiene por delante la segunda revisión del acuerdo vigente entre Argentina y el FMI, un programa multimillonario que condiciona el flujo de fondos a la evaluación de variables macroeconómicas y al cumplimiento de metas fijadas por el organismo. El objetivo oficial es claro: avanzar en las conversaciones para liberar un desembolso de al menos US$1000 millones, atado a la aprobación de esta auditoría internacional.
Pero la llegada de la misión no puede leerse de forma aislada: coincide con una crisis de credibilidad estadística en el corazón de la economía argentina. La decisión del Gobierno de suspender la implementación de un nuevo índice de precios —que hubiera reflejado una inflación más alta y realista— derivó en la abrupta salida de Lavagna y en fuertes cuestionamientos a la transparencia del Indec, justo cuando el FMI observa de cerca los datos oficiales que condicionan su mirada sobre la estabilidad macroeconómica local.
Desde el organismo multilateral han señalado que el diálogo con las autoridades nacionales se concentrará en el análisis de las principales variables del programa económico, entre ellas la acumulación de reservas internacionales —una meta que Argentina no logró cumplir en tiempo y forma en 2025— y el desempeño fiscal. El incumplimiento de la pauta de reservas, incluso tras la flexibilización acordada, obliga ahora al país a solicitar formalmente una dispensa (waiver) para poder seguir adelante con el programa sin sanciones, una maniobra delicada en plena tensión económica.
En el Gobierno defienden la presencia de la misión como una oportunidad para “reforzar el compromiso” con el acuerdo y demostrar avances concretos, incluso ante la controversia pública generada por las discrepancias internas sobre cómo medir la inflación. Sin embargo, en el mercado y entre analistas preocupa que la visita técnica se produzca en un clima de sospecha sobre la independencia estadística del país, justo cuando la credibilidad de las cifras oficiales es puesta en cuestión a nivel internacional.
La misión del FMI no solo evaluará números: también medirá la consistencia de las políticas económicas y la solidez institucional del proceso estadístico, ambos pilares para seguir recibiendo apoyo financiero. La parálisis en la actualización de índices oficiales, sumada a la salida de figuras clave del Indec, deja al Gobierno en una posición de vulnerabilidad frente a los técnicos del Fondo, que podrían exigir señales claras de compromiso con la transparencia antes de dar “luz verde” al desembolso pendiente.
Así, mientras las agendas oficiales hablan de cifras y metas, la presencia del FMI en Buenos Aires revela una pulseada más profunda: la exigencia de credibilidad estadística y responsabilidad fiscal frente a un Gobierno que intenta conciliar el relato de estabilidad con la opinión dura de los hechos. La misión llegó, pero lo que se juegue en estos días podría definir mucho más que un aporte de dólares; podría definir la confianza internacional en las cuentas públicas argentinas y la narrativa oficial sobre inflación, reservas y política económica.
