26/12/2025.- Salta al Instante.- Foto portada: Marcha universitaria. Imagen: Eduardo Sarapura.
La Justicia federal le puso un límite al recorte. Este martes, un juez ordenó al Gobierno nacional aplicar de manera inmediata la ley de financiamiento universitario y dejar sin efecto el decreto con el que el Poder Ejecutivo había congelado salarios docentes y becas estudiantiles. La orden es clara, urgente y no admite interpretaciones: la ley se cumple.
El fallo fue dictado por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, a cargo del juez Martín Cormick, tras una acción de amparo presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras entidades del sistema universitario. En términos jurídicos, el mensaje es demoledor: el ajuste no puede pasar por encima del Congreso ni de la Constitución.
Cormick declaró inaplicable el decreto 759/2025, con el que el Ejecutivo pretendía suspender la ley 27.795 bajo el argumento de que no estaban definidas las fuentes de financiamiento. Para la Justicia, esa maniobra es, al menos en esta etapa del proceso, arbitraria y contraria al orden constitucional.
El juez fue más allá: recordó que, tras la insistencia de ambas cámaras del Congreso —mecanismo previsto en el artículo 83 de la Constitución—, el Poder Ejecutivo no tiene margen para frenar la vigencia de una ley mediante un decreto de menor jerarquía. Traducido: el Gobierno no puede vetar por la ventana lo que el Parlamento sancionó por la puerta.
La resolución hizo lugar a la medida cautelar y ordenó al Estado cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la norma, que establecen la actualización de los fondos destinados a salarios docentes y la recomposición automática de las becas estudiantiles. La cautelar regirá hasta que haya sentencia definitiva.
En los fundamentos, el magistrado advirtió que el incumplimiento de la ley genera “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, al señalar la pérdida sostenida del poder adquisitivo de docentes y trabajadores universitarios. No se trata solo de números: están en juego derechos laborales protegidos por la Constitución y por tratados internacionales de derechos humanos.
Cormick también desarmó el argumento del “interés público” esgrimido por el Gobierno. Señaló que el deterioro salarial no solo castiga a quienes trabajan en las universidades, sino que impacta de lleno en el derecho a enseñar y aprender. Y agregó un dato incómodo para el relato oficial: el supuesto ahorro fiscal del recorte apenas rondaría el 0,23 % del PBI.
Además, el fallo cuestionó la avanzada del Ejecutivo por vulnerar el principio de división de poderes, al intentar condicionar la vigencia de una ley del Congreso mediante un decreto. Una señal de alarma institucional que la Justicia dejó escrita negro sobre blanco.
Aunque la resolución no adelanta el fallo de fondo, el mensaje es contundente: mientras dure el proceso, el Gobierno debe cumplir la ley. Sin excusas, sin dilaciones y sin ajuste encubierto sobre la universidad pública.
