30/01/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Claudia Cesaroni es abogada y militante por los derechos humanos. Imagen: Facultad de Arte -UNICEN.
La política argentina entra en una nueva espiral de odio y violencia simbólica. Un colectivo de abogados especializados en causas por crímenes de lesa humanidad emitió un duro repudio contra el influencer libertario Daniel Parisini, alias “Gordo Dan”, por publicar en redes sociales mensajes que no sólo atacan, sino que “escribieron sobre la muerte” de la abogada y militante de derechos humanos Claudia Cesaroni, una figura de larga trayectoria en la defensa de los derechos civiles y las víctimas de violencia institucional.
Lejos de ser una charla acalorada entre usuarios de plataformas digitales, los mensajes de contenido “explícitamente intimidatorio” trascendieron el ámbito virtual y se replicaron en el canal de streaming oficialista “Carajo”, donde se atacó a Cesaroni con acusaciones infundadas, estigmatizándola y erosionando su labor profesional.
El Colectivo Nacional Mario Bosch, integrado por abogados que litigan en causas por genocidio y crímenes de lesa humanidad, calificó estos ataques como violencia política y campañas de hostigamiento que no se conforman con criticar ideas, sino que buscan disciplinar, silenciar y amedrentar a una profesional con voz pública que cuestiona discursos punitivistas y retrocesos en derechos humanos.
Los letrados advirtieron que este tipo de expresiones, que incluyen frases sobre la muerte de Cesaroni, no son simples opiniones ni críticas legítimas: constituyen amenazas simbólicas en un contexto de creciente hostilidad estatal y mediática, donde la estigmatización de quienes defienden derechos —especialmente de mujeres en posiciones de liderazgo— se vuelve una herramienta de violencia política.
Este episodio se inserta en un clima social cada vez más polarizado, donde figuras cercanas al oficialismo y sus plataformas afines promueven discursos de odio que vulneran no sólo la dignidad personal de quienes los reciben, sino los pilares del debate democrático.
El repudio del colectivo de abogados es tajante: estas prácticas no fortalecen el Estado de Derecho, sino que socavan la convivencia democrática, promoviendo la deslegitimación de la defensa en causas que representan a víctimas de crímenes del pasado, la reducción del debate civilizado y la normalización de la violencia discursiva como herramienta política.
