28/02/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Gustavo Sáenz, gobernador de la Provincia de Salta, supervisando los trabajos de búsqueda. Imagen: Web.
La provincia de Salta quedó otra vez al borde del escándalo y la desesperanza tras la confirmación del gobernador Gustavo Sáenz de que efectivos de Gendarmería Nacional se incorporan a los rastrillajes para dar con Daniel Orlando Serapio, principal sospechoso del femicidio de Natalia Cruz, el brutal crimen que conmocionó a la comunidad de Campo Quijano y desnudó la falta de respuestas efectivas por parte del Estado provincial.
La decisión, comunicada luego de una reunión de coordinación en la base de la División Brigada de Investigaciones Valle de Lerma, expone el agravamiento de la crisis judicial y de seguridad en Salta: lejos de neutralizar la violencia, las fuerzas provinciales debieron pedir auxilio a una fuerza federal ante la presión social y la incapacidad de dar con el prófugo.
Sáenz, flanqueado por el procurador general Pedro García Castiella, la fiscal de la Unidad de Femicidios Luján Sodero Calvet, el secretario de Seguridad Nicolás Avellaneda, el jefe de Policía Diego Bustos, y otros responsables de la investigación, reconoció que fue él mismo quien gestionó ante el Ministerio de Seguridad de la Nación y el jefe de Gendarmería la llegada de los gendarmes. “Trabajamos intensamente para dar con Serapio. Ayer hablé con la familia, me comprometí a interceder para que Gendarmería Nacional acompañe y colabore en la búsqueda”, aseguró el gobernador sin más concreciones que su propio discurso.
El operativo, ya de por sí complejo por el terreno abrupto de los cerros del Valle de Lerma, sumará a drones, helicópteros y ahora, fuerzas federales, en una desesperada apuesta oficial para dar con el hombre acusado de asesinar a Natalia Cruz, cuyo cuerpo fue hallado el 17 de febrero último. Serapio permanece prófugo desde entonces y pesa sobre él una orden de captura internacional, un dato que lejos de tranquilizar sembró más dudas sobre la eficacia de las investigaciones.
En paralelo, Sáenz recordó que firmó un decreto que ofrece una recompensa de diez millones de pesos a quien aporte “información fidedigna” que permita la localización del sospechoso, en una mezcla de política de seguridad y desesperación comunicacional que no logra frenar la indignación en la sociedad ni la crítica a las autoridades provinciales.
La incorporación de Gendarmería pone en evidencia no sólo la gravedad de la situación sino la incapacidad del gobierno de Sáenz para controlar un caso que se transformó en emblema de la impunidad y de la violencia que atraviesa a las mujeres y a las instituciones en Salta. La presencia de fuerzas nacionales en la provincia, lejos de ser un gesto de fortalecimiento institucional, es leída por sectores críticos como un gesto tardío y obligado por la presión social y mediática.
Mientras tanto, familiares, vecinos, organismos de derechos humanos y buena parte de la opinión pública exigieron respuestas concretas y acciones más contundentes, no solo operativos mediáticos y anuncios de recompensas. En un escenario donde la violencia femicida se volvió una crisis cotidiana, que el propio gobierno tenga que recurrir a fuerzas federales para intentar encontrar al sospechoso de un crimen desgarrador es una señal tan contundente como inquietante.
