30/01/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Secretaría de Inteligencia del Estado. Web.
En un fallo que sacude los cimientos de la democracia, un juez federal de Paraná negó frenar el DNU 941/2025 de Javier Milei que, en términos prácticos, convierte a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en una suerte de policía política con licencia para detener sin control judicial.
La decisión, firmada por el magistrado Daniel Alonso, fue un baldazo de agua fría para los defensores de los derechos civiles: rechazó — in límine y sin entrar al fondo del asunto — un hábeas corpus preventivo presentado por un grupo de abogados radicales que advertían sobre el riesgo concreto de una detención arbitraria, violatoria de la libertad ambulatoria y de la presunción de inocencia.
Alonso sostuvo que no había una “amenaza actual, cierta y concreta” para negar el pedido, pese a que el propio decreto faculta a agentes de inteligencia a “aprehender” personas sin una orden judicial previa.
Pero no es menor: ese DNU fue rubricado al final del año pasado, cuando ya había terminado el período de sesiones extraordinarias del Congreso, y ha desatado un aluvión de recursos legales porque altera — con el sello presidencial — uno de los principios más básicos de nuestra Constitución.
Organismos de derechos humanos como el CELS advirtieron que la norma convierte a la SIDE en una policía secreta sin contrapesos, con poderes para detener y vigilar sin control alguno, obligar a compartir datos personales de más de 15 organismos estatales y hasta otorgar facultades de inteligencia a las Fuerzas Armadas sobre “organizaciones no estatales”.
Que un juez federal considere que no hay peligro inmediato cuando la norma ya está vigente y habilita aprehensiones sin tutela judicial habla más de una tutela judicial complaciente que de una defensa firme de las libertades republicanas.
Ahora el expediente fue elevado a la Cámara Federal de Paraná para su revisión — pero el capítulo de esta ofensiva institucional acaba de comenzar.
