09/02/2026.- Salta al Instante.- Por Nico Ortiz.- Foto portada: Tensión, presiones y disciplinamiento. se revela el costado oscuro de la reforma laboral.
En una escena que desnuda la violencia política que atraviesa a las élites del poder, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, hizo públicas las presiones y amenazas dirigidas a legisladores «peronistas» para que no respalden la controvertida “modernización laboral” promovida desde la Casa Rosada. Lo que para el oficialismo es una reforma estructural, para amplios sectores del movimiento obrero y del peronismo se ha convertido en un pulso autoritario por disciplinar disidencias y anular minorías internas.
Según el propio mandatario, sectores de la conducción nacional del Partido Justicialista no dudan en amenazar con intervenir los aparatos provinciales de quienes se atrevan a desafiar la línea del gobierno de Javier Milei, ensayando de este modo una forma de castigo político que raya en la extorsión partidaria. No se trata de hipótesis: en provincias como Misiones, Jujuy y la propia Salta ya se habrían aplicado estas intervenciones, desplazando dirigencias locales y cercenando la autonomía territorial de las estructuras justicialistas.
El proyecto de reforma laboral —que el Ejecutivo quiere debatir esta semana en el Senado en medio de negociaciones tensas con gobernadores y legisladores— se erige como el mayor desafío político del inicio del mandato: no sólo por su impacto sobre derechos laborales, sino porque ha puesto al descubierto una lógica de poder basada en la coerción interna, la disciplinación vertical y la amenaza como herramienta de control partidario.
Mientras los sindicatos convocan movilizaciones y sectores del kirchnerismo tratan de articular una resistencia más firme, la presión que describió Sáenz pone en evidencia que el debate no es puramente legislativo, sino una batalla donde están en juego el control de los partidos, la supervivencia política de gobernadores y la propia libertad de acción de los representantes populares.
En este contexto, lo que muchos ven como una reforma que busca precarizar derechos laborales se proyecta además como un experimento de disciplinamiento político que intenta moldear al peronismo desde adentro, quebrar cualquier autonomía interna y condicionar a quienes se resistan a alinearse con la agenda oficialista.
La votación que se avecina no será sólo sobre una ley: será una prueba de fuerza entre quienes insisten en mantener un statu quo de disciplinamiento vertical y quienes quieren recuperar espacios de deliberación genuina dentro de la política argentina.
