14/11/2025.- Página/12.- Por Marina Bruzzese.-Foto portada: Las aristas del caso de violencia contra Sheinbaum. Claudia Sheinbaum Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con todas las mujeres de nuestro país?, se preguntó Sheinbaum. Imagen: CARL DE SOUZA/AFP.
En una sociedad marcada por la violencia estructural contra las mujeres, el episodio que vivió Claudia Sheinbaum, expuso con contundencia que el machismo no reconoce investiduras ni cargos públicos.
El pasado 4 de noviembre, mientras caminaba por el Centro Histórico de la Ciudad de México en un recorrido hacia la Secretaría de Educación Pública, Sheinbaum fue víctima de un ataque: un hombre se acercó por detrás, intentó besarla en el cuello y la tocó sin su consentimiento. Ella reaccionó de inmediato mientras un funcionario de su equipo intervenía para contener al agresor. Según su propio testimonio, la mandataria sólo dimensionó el hecho más tarde, al ver los videos viralizados en redes sociales.
El agresor fue identificado como Uriel Rivera Martínez, de treinta y tres años. Rivera fue detenido la noche del 4 de noviembre de 2025 por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal. La captura ocurrió en pleno Centro Histórico, en las inmediaciones del Palacio de Minería, luego de que una mujer de 25 años denunciara que un hombre la había tocado inapropiadamente en esa misma zona. La investigación posterior permitió establecer que Rivera no solo agredió a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su recorrido peatonal por el Centro Histórico, sino que ese mismo día acosó sexualmente a al menos otras dos mujeres. Tras su detención, Rivera Martínez fue trasladado a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, y el 6 de noviembre ingresó al Reclusorio Preventivo Varonil Norte. El 8 de noviembre, fue procesado por abuso sexual, imponiéndosele prisión preventiva mientras continúa la investigación complementaria.
Al día siguiente, la presidenta no solo hizo mención de lo ocurrido a título personal sino que convirtió el episodio en una declaración política. En una conferencia de prensa realizada en el Palacio Nacional, durante la mañana del día siguiente, declaró: “No lo digo como presidenta, sino como mujer. Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con todas las mujeres de nuestro país? Nuestro espacio personal nadie lo puede vulnerar. Nadie”. Ese mismo día, después de presentar la denuncia penal por acoso sexual, la mandataria anunció un paquete de políticas públicas que buscan transformar este caso en una oportunidad para atacar el problema en su raíz.
Durante la conferencia, Sheinbaum afirmó que lo ocurrido no debe quedar en su victimización individual sino impulsar una respuesta estatal sostenida. Por eso anunció dos líneas de acción principales: primero, una revisión de las leyes a nivel nacional para que el acoso callejero sea tipificado como delito penal en los treinta y dos estados del país, con definiciones homogéneas y sanciones claras. Actualmente, la figura de acoso sexual está dispersa, con variaciones que dificultan denunciarlo y sancionarlo. Segundo, propuso el lanzamiento de una campaña federal contra el acoso hacia las mujeres, centrada en la prevención, la denuncia y la sensibilización social. La presidenta señaló que las agresiones cotidianas deben ser tratadas como delitos, no como “faltas menores” normalizadas por la cultura machista. Estas medidas forman parte del Plan Integral contra el Abuso Sexual que anunció ese mismo día, orientado a la homologación de delitos y a agilizar las denuncias en todo el país.
Además, al referirse a la viralización del video donde se observa el ataque, Sheinbaum mencionó expresamente la Ley Olimpia, que sanciona la difusión de contenido íntimo o de carácter sexual sin consentimiento —incluyendo imágenes de agresiones— y que protege a las mujeres de la “revictimización digital”. La presidente señaló que si bien podría invocar esta ley para perseguir legalmente a quienes compartieron el video sin autorización, no emprenderá acciones contra el medio que difundió inicialmente el material, aunque sí exigió una disculpa pública, subrayando la necesidad de que los medios eviten reproducir dinámicas de exposición y daño hacia las víctimas.
Los hechos no son una anomalía sino un reflejo extremo de un problema cotidiano. En la Ciudad de México, estudios y datos oficiales dibujan un panorama crítico para las mujeres usuarias del transporte público y la movilidad urbana. Según la Secretaría de Movilidad de la CDMX, citando a ONU Mujeres (2018), “9 de cada 10 mujeres han vivido violencia sexual en espacios relacionados al transporte público” de la ciudad. Entre 2016 y 2021, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJ-CDMX) registró 791 mujeres víctimas de abuso y acoso sexual en el Metro —lo que arrojaría un promedio anual de unas 132 mujeres denunciando esos delitos en ese sistema—. Sin embargo, el verdadero volumen del fenómeno es probablemente mucho mayor, al considerar los casos que no son denunciados. Otro informe revela que del total de mujeres víctimas de acoso en distintos espacios públicos de la ciudad: el 55% ha sido agredida dentro del transporte público; el 37% en la calle; el 31% en paraderos/espera de camiones; y el 19% en estaciones del Metro o Metrobús.
Estos datos muestran dos realidades clave: por un lado, la alta incidencia del acoso sexual en la movilidad de las mujeres, que afecta su capacidad de desplazamiento libre y seguro; por otro, el abismo entre la experiencia real y el número de denuncias efectivas, lo que perpetúa la impunidad.
Incluso Claudia Sheinbaum —una figura pública, rodeada de esquemas de seguridad— refleja lo que millones viven a diario: la constante exposición al acoso en la vía pública. La escena demuestra que ni el poder político ni la visibilidad pública alcanzan para desactivar los engranajes de una cultura patriarcal profundamente arraigada. Este episodio evidencia que la seguridad de las mujeres y disidencias no solo depende de cámaras, vigilancia o protocolos aislados, sino de una transformación estructural que reconozca que su movilidad cotidiana es distinta, y que el Estado debe responder con políticas públicas integrales. La agresión del 4 de noviembre no sólo reveló una falla en la seguridad presidencial, sino en la de todas las mujeres. La denuncia pública de Sheinbaum resulta crucial para alentar a otras mujeres a visibilizar y reportar las agresiones que sufren a diario; su desafío mayor será transformar lo ocurrido en el punto de partida de una estrategia capaz de promover políticas de alcance nacional que marquen una diferencia en la vida de millones de mexicanas.
