8/04/2026.- Salta al Instante.- Por Nico Ortiz.- Foto portada: Manuel Adorni a la izquierda, la escribana Adriana Mónica Nechevenko de Schuster a la derecha. Imagen: NA – captura TN.
La causa judicial que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un capítulo que promete despejar —o complicar aún más— el rompecabezas patrimonial del funcionario. Este miércoles llegó a tribunales Adriana Mónica Nechevenko de Schuster, la escribana que certificó varias de las operaciones inmobiliarias vinculadas al portavoz presidencial devenido jefe de ministros. La cita fue ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien intenta reconstruir cómo se financiaron y registraron algunas de las propiedades que hoy están en el centro de la investigación.
No se trata de un trámite menor. La profesional fue quien intervino en las escrituras de al menos dos inmuebles vinculados a Adorni: un departamento en el barrio porteño de Caballito y una casa en el country Indio Cuá Golf Club, en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz. Ahora deberá explicar bajo juramento de qué manera se realizaron esas operaciones, qué documentación respaldó las transacciones y cuál fue exactamente su rol en el proceso.
Propiedades, hipotecas y preguntas incómodas
La investigación judicial busca determinar si el patrimonio del funcionario libertario creció de manera incompatible con sus ingresos declarados. La denuncia que originó el expediente advierte posibles inconsistencias en las declaraciones juradas y un incremento patrimonial significativo, lo que encendió las alarmas judiciales y derivó en pedidos de informes a registros de propiedad, organismos públicos y entidades financieras.
Uno de los focos más delicados del expediente es la compra del departamento en Caballito, una operación que habría sido financiada en gran parte mediante préstamos privados. Entre quienes figuran como prestamistas aparecen dos mujeres —Beatriz Viegas y Claudia Sbabo— que, según la documentación presentada en la causa, habrían aportado 100 mil dólares cada una para concretar la operación.
La situación llamó la atención de los investigadores por varios motivos. Uno de ellos es que, según trascendió públicamente, al menos una de las prestamistas dijo no conocer al funcionario cuando fue consultada por la prensa. Ese detalle, que en otro contexto podría parecer una anécdota, terminó alimentando las sospechas sobre la estructura financiera detrás de la compra del inmueble.
En paralelo, la Justicia también analiza el valor declarado en la escritura del departamento, que sería significativamente inferior al precio de mercado para una propiedad de características similares en esa zona de la ciudad.
La escribana y sus visitas al poder
El nombre de Nechevenko no apareció de la nada en el expediente. La escribana fue la profesional encargada de certificar las firmas y escrituras de las operaciones inmobiliarias bajo investigación, lo que la convierte en una testigo clave para reconstruir la ruta de los documentos que respaldaron las transacciones.
Pero hay otro detalle que no pasó desapercibido para los investigadores: la escribana registró al menos siete ingresos a la Casa Rosada entre 2024 y 2026, un dato que ahora también forma parte del expediente judicial.
Las visitas, que ocurrieron tanto antes como después de algunas de las operaciones inmobiliarias investigadas, abrieron nuevas preguntas en tribunales. No necesariamente implican irregularidades, pero sí agregan un elemento político a una causa que ya estaba cargada de sospechas.
Una causa que recién empieza
El expediente judicial no se limita a las propiedades. Los investigadores también analizan movimientos patrimoniales, préstamos declarados y posibles inconsistencias entre ingresos y gastos del funcionario, además de viajes y otras operaciones financieras que podrían ayudar a reconstruir el cuadro completo de su patrimonio.
Por ahora, la declaración de la escribana es apenas una pieza más en una investigación que todavía está en etapa de recolección de pruebas. Pero en los pasillos de tribunales saben que estas declaraciones suelen ser decisivas: la persona que certificó las escrituras es, en definitiva, quien puede explicar cómo se armó el andamiaje legal de las operaciones.
Y en una causa que gira alrededor de propiedades, hipotecas y préstamos difíciles de explicar, cada documento y cada firma pueden convertirse en una bomba judicial.
La pregunta que sobrevuela el expediente es simple y brutal: si todo fue tan transparente como se sostiene desde el oficialismo, ¿por qué el patrimonio del jefe de Gabinete necesita tantas explicaciones ante la Justicia?
