28/01/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Los diputados peronistas Germán Martínez, Sabrina Selva y Pablo Todero. Imagen: LPO/Juanca Casas.
En medio de la catástrofe ambiental que arrasa la Patagonia con cientos de miles de hectáreas devastadas, el Congreso se transformó en un nuevo frente de batalla política. El peronismo desató esta semana una ofensiva que dejó al descubierto no solo la gravedad de los incendios, sino la crisis de prioridades del propio gobierno: presentó un proyecto de Emergencia Ígnea que busca dar respuesta legal, recursos y coordinación federal para combatir el fuego, y lo hizo con la Casa Rosada ahora cuestionándose si conviene o no derogar la Ley de Manejo del Fuego en plena crisis ígnea.
La movida peronista no fue una simple jugada de oposición parlamentaria sino una presión concreta de gobernadores patagónicos al Congreso y al Ejecutivo para que la ley se trate de inmediato en las sesiones extraordinarias, mientras los focos siguen activos y las hectáreas quemadas ya rozan las 230.000 en toda la región.
A la par de estas demandas, desde el núcleo del gobierno comenzaron a resonar voces de dudas sobre la intención inicial de derogar la Ley de Manejo del Fuego, una norma clave que regula cómo se debe responder ante los incendios y que incluso fue defendida públicamente por dirigentes opositores como instrumento esencial para frenar incendios intencionales y proteger los usos del suelo.
La escena revela una Casa Rosada forzada a rehacer sus cuentas políticas: la idea original de eliminar o flexibilizar esa ley —incluso impulsada desde el Ejecutivo o por sectores aliados para promover cambios productivos— ahora se tambalea ante la evidencia de que hacerlo en pleno desastre ambiental sería un tiro político por la culata.
Para los mandatarios provinciales, la urgencia no es retórica: reclamaron la Emergencia Ígnea como herramienta para destrabar fondos, coordinar esfuerzos interprovinciales y reforzar el combate al fuego desde el Estado, ante una situación climática extrema y la falta de respuestas adecuadas.
Lo que está en juego va más allá de una pulseada jurídica en Comodoro Py o en el Parlamento: es la definición de si el Estado nacional actúa con medidas excepcionales frente a un desastre ambiental sin precedentes o si prioriza su agenda de reformas y desregulaciones incluso cuando el fuego devora bosques, pueblos y economías regionales.
