13/02/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: La pobreza aumenta en todo el país, mientras el gobierno maquilla las cifras. Imagen: Web.
El último informe de la Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) volvió a encender la polémica: la medición oficial de la canasta básica total (CBT) y de la canasta básica alimentaria (CBA) reflejadas en las cifras de enero de 2026 esconden, según economistas, técnicos y centros de estudio, una realidad de pobreza y deterioro del poder adquisitivo que está muy por encima de lo que el Gobierno reconoce oficialmente.
Según el Indec, en enero una familia tipo de cuatro integrantes necesitó 1.360.299 pesos para no quedar bajo la línea de pobreza, y 623.990 pesos para no caer en la indigencia, con un incremento de 3,9% en la CBT y 5,8% en la CBA respecto del mes anterior. A partir de esos guarismos, el organismo oficial informó que la pobreza habría disminuido en el país, un dato que el Gobierno nacional exhibe como un logro de su política económica.
Sin embargo, esa lectura oficial no cierra con las experiencias reales de amplios sectores de la sociedad ni con los análisis metodológicos de especialistas independientes. La crítica más dura sostiene que el Indec no actualiza las ponderaciones de consumo ni la Encuesta de Gastos, lo que termina por subestimar el verdadero costo de vida y, en consecuencia, la magnitud de la pobreza. La omisión de una actualización adecuada de la metodología hace que la medición oficial quede fuera de sintonía con la inflación real y el impacto sobre los ingresos populares.
El Departamento de Economía de la Universidad Nacional Torcuato Di Tella apunta a que, aplicando parámetros más actuales, la pobreza real sería al menos seis puntos porcentuales más alta de lo que informó el Indec, y que ubicaría a millones más en situación de precariedad social. A su vez, el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDEF), conducido por Axel Kicillof, concluye que la pobreza actual podría ser 9% mayor en términos de cantidad de personas en comparación con el número oficial. Estas discrepancias reflejan que la pobreza estructural y el deterioro del nivel de vida no desaparecieron ni se redujeron de manera significativa, sino que están siendo maquillados por la manipulación metodológica de los datos oficiales.
El cuestionamiento metodológico no es un detalle técnico menor: implica que los indicadores oficiales que sirven para definir políticas públicas están pintando una foto distorsionada de la realidad social. El uso de estadísticas desactualizadas permite proyectar una caída de la pobreza cuando, en los hechos, el salario real se erosiona y millones de trabajadores, jubilados y familias vulnerables no alcanzan a cubrir siquiera las necesidades básicas de bienes y servicios esenciales.
Este debate estadístico se enmarca en una crisis social más amplia que atraviesa la Argentina. Organizaciones sociales, expertos y datos alternativos muestran que la pobreza y la indigencia no retroceden de manera significativa, y que muchos hogares subsisten en condiciones cada vez más precarias, con empleos informales, ingresos insuficientes y un acceso restringido a derechos básicos. El contraste entre las cifras oficiales y los indicadores independientes se traduce en una disputa política sobre el relato social y las prioridades del Estado, en un momento en que la realidad económica impacta directamente en la vida cotidiana de millones de argentinos.
La polémica por la canasta básica y la medición de la pobreza deja al descubierto una verdad incômoda: la estadística oficial puede estar escondiendo una Argentina más empobrecida de lo que se reconoce públicamente, con millones de personas que luchan por sobrevivir mientras las cifras maquilladas intentan mostrar un país que “mejora”.
