13/02/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ilustrativa. Web.
Mientras el Gobierno de Javier Milei empuja con fuerza la llamada reforma laboral como supuesta solución a la precarización y la falta de empleo formal, los propios datos oficiales y las estadísticas recogidas por organismos internacionales demuestran una realidad mucho más brutal y contradictoria: la informalidad laboral en Argentina no solo está en niveles alarmantes, sino que supera lo que debería exhibir un país con el nivel de ingreso que tiene, y la iniciativa legislativa impulsada por la Casa Rosada corre el riesgo de institucionalizar esta degradación laboral en lugar de revertirla.
El último informe publicado por la Secretaría de Trabajo nacional —recogido por distintos centros de análisis social y económico— revela que la tasa de empleo informal alcanzó 43,3% del total de ocupados, un porcentaje que excede en más de cinco puntos porcentuales lo que correspondería de acuerdo con el Producto Interno Bruto per cápita del país, según tendencias internacionales trazadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco Mundial. Este dato no surge de fuentes opositoras aisladas: es un reconocimiento explícito de los propios informes oficiales.
La lectura oficial, que busca asociar la elevada informalidad con un marco laboral “rígido” que disuade la contratación formal, choca con la evidencia concreta: en los últimos dos años de gestión libertaria, y tras las primeras etapas de la desregulación promovida con la “Ley Bases” aprobada en 2024, Argentina perdió más de 270.000 puestos de trabajo formal y solo generó empleos precarios o en condiciones de autoempleo, mientras que más del 60% de los jóvenes asalariados trabaja sin derechos ni protección social.
Más aun, uno de cada cuatro trabajadores está en la categoría de cuentapropista, y casi el 65% de ellos forma parte del segmento informal —una expresión nítida de que lo que se vende como “emprendedurismo” no es otra cosa que empleo de subsistencia en ausencia de oportunidades reales y dignas.
Frente a este cuadro, el proyecto de reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado y que ahora debate la Cámara de Diputados, lejos de promover la formalización, institucionaliza la precariedad al ampliar la discrecionalidad patronal, facilitar despidos y reducir la protección colectiva de los trabajadores en favor de la “flexibilidad”. Organizaciones sindicales y economistas críticos han señalado que estas medidas no atacan la raíz del problema —la falta de crecimiento económico, la reprimarización productiva y la desindustrialización— sino que legalizan la informalidad como nueva norma del mercado laboral argentino.
Estas tensiones no se dan en abstracto. En las calles, sindicatos como la CGT y la CTA han protagonizado protestas masivas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en torno al tratamiento de la reforma, denunciando que las modificaciones propuestas precarizan derechos históricos, debilitan la negociación colectiva y destruyen el tejido de protección social que quedó tras décadas de luchas sindicales.
La insistencia del Gobierno en vincular pobremente la informalidad únicamente con la rigidez normativa ignora además señales claras del mercado laboral: la sobreocupación —trabajar más de 45 horas semanales— afecta a casi tres de cada diez trabajadores, mientras que el ingreso por hora de estos ocupados es sensiblemente inferior al promedio, lo que demuestra que trabajar más no significa ganar más ni salir de la pobreza.
En suma, la discusión oficial sobre una reforma que busca “combatir la informalidad” se enfrenta a una contradicción brutal: Argentina tiene más informalidad de lo que le correspondería y camina hacia un mercado laboral aún más degradado, en un contexto donde la dinámica económica real empuja salarios hacia abajo, erosiona la protección social y obliga a millones de trabajadores a sobrevivir mediante el pluriempleo, el endeudamiento y empleos sin derechos.
