09/02/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ilustrativa. Web.
En pleno fragor de una reforma tributaria que conmueve el paisaje político y económico argentino, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio un paso que para muchos expertos y sectores populares es una verdadera bomba de tiempo fiscal: reglamentó la polémica “Ley de Inocencia Fiscal”, acuñada a fines de diciembre pasado y promovida por el oficialismo como una reivindicación de derechos, pero que para críticos representa un blindaje a la evasión y un debilitamiento de la capacidad de fiscalizar a quienes más tienen.
El régimen que ahora entra en vigencia redefine por completo la lógica de control y sanción en el Impuesto a las Ganancias, para poner en la mira una idea disruptiva: que el contribuible que declare y pague en tiempo —incluso con un formulario simplificado y precargado por ARCA— quede “liberado” de cualquier revisión posterior sobre ese período tributario, salvo casos excepcionales, y sin que el organismo pueda confrontar su patrimonio real o sus consumos personales.
Bajo ese esquema, críticos señalan que la ley no solo reduce la persecución penal por evasión, sino que echa mano a un principio de presunción de inocencia fiscal que puede habilitar el uso de ahorros no declarados sin mayores explicaciones al fisco, incluidos —según varias interpretaciones— los llamados “dólares del colchón” que muchos guardan fuera del sistema formal.
La reglamentación eleva además los umbrales a partir de los cuales se considera delito la evasión: el delito simple ahora comienza en 100 millones de pesos, frente a un piso ridículo de 1,5 millones vigente hasta ahora, y el agravado queda en 1.000 millones. Paralelamente, se acorta el plazo de prescripción de cinco a tres años, lo que implica que quienes se adhieran al nuevo régimen no serán investigados más allá de ese lapso.
Pero el corazón de la medida es el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG): para las personas humanas con ingresos de hasta 1.000 millones de pesos y patrimonio de hasta 10.000 millones, un formulario precargado por ARCA y el pago en término bastan para dar por cerrada la fiscalización sobre ese período base, con la creación de una presunción de exactitud de las declaraciones. El crecimiento patrimonial, los gastos o los consumos no podrán ser utilizados por ARCA para cuestionar a quienes se adhieran, salvo en casos de “discrepancias significativas” muy limitadas por la normativa.
El organismo recaudador defendió el cambio como “el fin de un régimen persecutorio” que trataba a millones de argentinos como posibles evasores por defecto, producto de décadas de inflación, cepo, volatilidad y un sistema tributario complejo y asfixiante. Para ARCA, ahora se devuelve “libertad” a los contribuyentes y se simplifica el pago de Ganancias.
Los detractores, sin embargo, advierten que la reglamentación abre una puerta enorme para normalizar incrementos patrimoniales injustificados sin rendición de cuentas, ya que la normativa aclara expresamente que ARCA no analizará variaciones patrimoniales ni consumos personales, limitando sus herramientas de fiscalización a lo estrictamente declarado en facturas.
Es más: el nuevo “paradigma” presentado como alivio fiscal por el gobierno fue cuestionado por especialistas tributarios y sectores académicos que lo consideran un retroceso en los mecanismos de justicia contributiva, porque desplaza el foco del control sobre la base real de los patrimonios hacia un cumplimiento formal que no necesariamente refleja la economía real de los contribuyentes.
Mientras el Ejecutivo celebra una “modernización” y un supuesto giro hacia la predictibilidad jurídica, críticos ven en la reglamentación el equivalente tributario de una amnistía encubierta, que puede permitir a ciertos sectores adinerados zafar de investigaciones profundas sobre su riqueza acumulada, sin que ARCA pueda poner bajo lupa sus bienes o consumos personales.
En plena discusión sobre inflación, recesión y caída del poder adquisitivo de amplios sectores populares, la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal emerge como otro ejemplo —entre varios— de una agenda económica que parece proteger más a quienes tienen grandes recursos que a quienes sostienen la economía con trabajo y salarios modestos.
