24/07/2026.- Salta al Instante.– Foto portada: Integrantes del gobierno libertario. Imagen: Web.
El Gobierno nacional envió al Congreso una nueva versión del régimen de «Inocencia Fiscal» que amplía los beneficios para regularizar fondos no declarados y vuelve a quedar bajo la lupa por no excluir a funcionarios públicos ni a sus familiares. La oposición denuncia que se trata de un blanqueo encubierto y anticipó proyectos para impedir que alcance a personas políticamente expuestas.
Caputo impulsa un nuevo blanqueo que alcanza a funcionarios
El ministro de Economía, Luis Caputo, envió al Congreso un proyecto para ampliar el régimen denominado «Inocencia Fiscal», una iniciativa con la que el Gobierno busca incentivar el ingreso al sistema financiero de dólares no declarados. Sin embargo, el texto volvió a generar una fuerte controversia porque no establece restricciones para que funcionarios públicos, dirigentes políticos o sus familiares puedan adherirse al beneficio.
La iniciativa llega luego de que la primera versión del régimen, aprobada a fines de 2025, no lograra el impacto esperado en materia de ingreso de divisas. Ahora el Ejecutivo propone ampliar los alcances del sistema y eliminar límites patrimoniales y de ingresos que regían hasta el momento.
El proyecto elimina los topes patrimoniales
Una de las principales modificaciones consiste en la eliminación de los límites que impedían acceder al régimen a quienes superaban determinados niveles de patrimonio o ingresos.
La normativa vigente establecía un tope de $1.000 millones de ingresos y $10.000 millones de patrimonio para acceder al beneficio. Con la nueva propuesta, esas restricciones desaparecen.
Este cambio reavivó las críticas de la oposición, que sostiene que el propio Luis Caputo podría quedar alcanzado por el régimen, ya que en su declaración jurada correspondiente a 2024 informó un patrimonio superior a los $11.800 millones.
La oposición denuncia un blanqueo permanente
Desde el Gobierno sostienen que el proyecto no constituye un blanqueo, sino una modificación de la legislación penal tributaria destinada a facilitar la formalización de activos.
Sin embargo, distintos bloques opositores afirman que se trata de un nuevo régimen de blanqueo permanente, ya que permite incorporar fondos previamente no declarados sin aplicar sanciones.
Además, remarcan que el texto no contempla ninguna exclusión para las personas políticamente expuestas, un punto que consideran indispensable para garantizar la transparencia en la función pública.
Presentarán proyectos para excluir a funcionarios
Legisladores de Unión por la Patria y del bloque Provincias Unidas adelantaron que impulsarán iniciativas para impedir que funcionarios nacionales, dirigentes políticos y otros sujetos alcanzados por normas de control patrimonial puedan acceder al régimen.
Entre quienes cuestionaron la propuesta se encuentran Agustín Rossi, Eduardo Valdés y Esteban Paulón, quienes sostienen que quienes administran recursos públicos deben estar sometidos a mayores controles y no beneficiarse con mecanismos excepcionales de regularización fiscal.
El oficialismo busca aprobar la ley en agosto
Pese a las críticas, el Gobierno pretende darle un tratamiento legislativo rápido al proyecto con el objetivo de convertirlo en ley durante agosto.
La iniciativa forma parte de la estrategia económica del Ministerio de Economía para captar parte de los dólares que permanecen fuera del sistema financiero y fortalecer la disponibilidad de divisas, aunque su alcance y los posibles beneficiarios ya abrieron un nuevo frente de debate político en el Congreso.
