11/02/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación. Imagen: Web.
La interna entre el presidente Javier Milei y su vicepresidenta Victoria Villarruel no se limita a duros cruces políticos y declaraciones cruzadas en actos y redes sociales: ahora, la disputa llegó a los tribunales federales, donde la Justicia investiga si existe un ataque coordinado y sistemático en redes sociales contra la titular del Senado que trasciende la pelea ideológica y podría configurar delitos de hostigamiento digital y violencia política.
El juez federal Sebastián Casanello encargó a la División Ciberpatrullaje de la Policía Federal Argentina que analice a fondo los mensajes difundidos contra Villarruel en plataformas como X (antes Twitter), después de que la propia vicepresidenta denunciara ser blanco de una campaña de agresión, amenazas y desprestigio que, a su juicio, no es un fenómeno espontáneo sino parte de un plan articulado.
Según el expediente, la denuncia contra lo que se califica como posible hostigamiento digital organizado fue presentada por Villarruel tras meses de agravios públicos, amenazas explícitas y un contexto de tensión que comenzó mucho antes de la investigación: el quiebre con el mandatario llegó al límite en actos públicos donde Milei no escatimó en calificativos duros contra su compañera de fórmula y, en varias ocasiones, la trató incluso de “traidora”.
En la causa figuran como posibles implicados figuras cercanas al entorno presidencial, entre ellos la diputada nacional Lilia Lemoine y el escritor y biógrafo del presidente, Nicolás Márquez, señalados por Villarruel como actores presuntamente vinculados con una ola de mensajes ofensivos y amenazas. Esos perfiles, según la denuncia, no actúan aisladamente, sino que podrían integrarse en un patrón de comportamiento digital que busca erosionar la figura de la titular del Senado y condicionar su acción política dentro del oficialismo.
Casanello decidió desestimar la clasificación previa de la fiscalía, que había dividido los ataques denunciados en categorías como calumnias, injurias o expresiones no constitutivas de delito. El magistrado consideró que analizar cada tuit por separado podría ocultar la “real dimensión y gravedad” del fenómeno, y ordenó un estudio global de las interacciones, las direcciones IP involucradas y los vínculos entre las cuentas señaladas.
A diferencia de la visión inicial que trataba a los agravios como una serie de hechos aislados, Casanello entiende que la dinámica única de las redes sociales puede transformar agresiones aparentemente dispersas en un patrón de violencia política, con especial atención al hecho de que la víctima es una mujer en un cargo de alta responsabilidad, algo que para el magistrado podría constituir un tipo agravado de violencia digital si se prueba la coordinación y sistematicidad.
La investigación se desarrolla en un clima de alta tensión dentro del gobierno: la ruptura entre Villarruel y el núcleo duro de La Libertad Avanza está lejos de ser una disputa privada, y el caso judicial que ahora se abrió pone bajo la lupa la cultura política y comunicacional del oficialismo libertario en la era de las redes sociales, donde los ataques personales y las campañas de desprestigio no son simples ecos de una interna, sino potenciales hechos punibles objeto de investigación federal.
Mientras el expediente avanza, expertos en derecho digital advierten que el resultado de esta pesquisa puede marcar un precedente significativo sobre cómo se regulan y sancionan las agresiones coordinadas en el mundo virtual, sobre todo cuando la persona afectada ocupa uno de los cargos más altos del Estado argentino y las tácticas digitales pueden tener impacto real en su ejercicio institucional y reputación pública.
