08/07/2026.- Salta al Instante.– Foto portada: José Luis Espert. Imagen: Prensa Diputados.
El diputado nacional José Luis Espert se presentó este martes ante la Justicia Federal de San Isidro, pero decidió hacer uso de su derecho a no declarar en la causa en la que se lo investiga por presunto lavado de activos, vinculada al ingreso de 200.000 dólares que habría recibido del empresario Fred Machado.
La decisión fue adoptada por recomendación de sus abogados defensores, Julio Pueyrredón y Claudio Lamelas, quienes sostuvieron que aún no estaban dadas las condiciones necesarias para ejercer plenamente el derecho de defensa y solicitaron que la investigación vuelva a quedar bajo la conducción del juez Lino Mirabelli.
En un comunicado difundido por la defensa, los letrados señalaron que Espert declarará cuando se encuentren garantizadas las condiciones mínimas de un proceso justo, dejando expresada su voluntad de responder cada uno de los puntos de la imputación en una próxima instancia.
Minutos después, el propio legislador publicó un mensaje en la red social X, donde explicó los motivos de su decisión.
«Hoy me presenté ante la Justicia, hice cuestionamientos a la investigación del fiscal, aporté prueba relevante y solicité al juez que reasuma la dirección del sumario. Declararé la verdad de los hechos cuando la instrucción sea objetiva e imparcial, como legalmente corresponde», expresó.
La publicación marcó además el regreso de Espert a las redes sociales luego de ocho meses de inactividad, desde que anunciara su renuncia a la candidatura como primer diputado nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.
Aunque optó por no responder preguntas durante la audiencia, la defensa presentó un extenso escrito en el que cuestionó distintos aspectos de la investigación impulsada por el fiscal Fernando Domínguez.
Uno de los principales argumentos sostiene que ya existe una causa con el mismo objeto en los tribunales federales de Comodoro Py, donde el juez Marcelo Martínez de Giorgi investiga desde 2021 los aportes efectuados por Fred Machado durante la campaña presidencial de 2019, en la que Espert fue candidato.
La investigación que tramita en San Isidro se concentra específicamente en una transferencia de 200.000 dólares recibida en una cuenta bancaria radicada en el exterior, proveniente de la empresa Wright Brothers Aircraft Title Inc.
Según la versión de Espert, ese dinero correspondió al pago por un contrato de servicios profesionales celebrado con la empresa Minas del Pueblo de Guatemala.
Sin embargo, el fiscal Domínguez sostiene que dicho contrato habría sido una simulación destinada a justificar la transferencia, motivo por el cual impulsó la investigación por presunto lavado de activos.
Para respaldar su postura, la defensa presentó once correos electrónicos intercambiados entre mayo y septiembre de 2019, documentación que, según los abogados, demostraría la existencia real del vínculo contractual previo al pago efectuado en enero de 2020.
Los defensores también cuestionaron el alcance de las medidas de prueba ordenadas durante la investigación.
Según denunciaron, para analizar una única transferencia bancaria se relevaron más de seis años de comunicaciones telefónicas correspondientes a ocho líneas distintas, incluyendo información sobre geolocalización y datos patrimoniales de personas ajenas al expediente.
Además, afirmaron que el fiscal libró numerosos requerimientos de información sin resoluciones fundadas y sin permitir la participación de la defensa, lo que, a su entender, afectó el debido proceso.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el dirigente social Juan Grabois, quien incorporó documentación surgida de la investigación judicial que enfrenta Fred Machado en los Estados Unidos por presuntos delitos vinculados al narcotráfico.
En esos registros contables apareció mencionada una transferencia destinada a Espert desde la empresa Wright Brothers Aircraft Title Inc., firma que, según la investigación extranjera, integraría la estructura empresarial vinculada a Machado.
La declaración indagatoria había sido originalmente fijada por el juez Mirabelli a pedido del fiscal Domínguez. Posteriormente, la defensa obtuvo una prórroga para analizar la documentación incorporada al expediente, aunque sostuvo que el tiempo concedido resultó insuficiente, ya que la reconstrucción realizada por la fiscalía demandó varios meses de trabajo.
Ahora será el juez quien deberá resolver si acepta el pedido para reasumir personalmente la investigación, además de decidir sobre la incorporación de los testigos ofrecidos por la defensa para respaldar la versión del legislador.
