15/07/2026.- Salta al Instante.– Foto portada: El ex procurador general de Jujuy, Sergio Lello Sánchez. Imagen: Web.
El ex procurador general de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, fue imputado por la Justicia provincial por el delito de peculado a la administración pública, acusado de cometer 17 hechos vinculados al presunto uso indebido de recursos estatales durante su gestión al frente del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Pese al pedido de prisión preventiva formulado por la querella, continuará el proceso judicial en libertad.
La investigación sostiene que, entre junio de 2021 y marzo de 2025, el ex funcionario habría utilizado empleados públicos para realizar tareas domésticas y personales ajenas a sus funciones, además de emplear vehículos oficiales para actividades privadas propias y de integrantes de su familia.
Durante la audiencia de imputación, realizada la semana pasada, Lello Sánchez decidió no prestar declaración y solicitó acceder a una mediación penal, una alternativa que podría evitar un juicio oral. Sin embargo, la posibilidad dependerá de la postura que adopte el Ministerio Público Fiscal, que habitualmente rechaza este tipo de mecanismos en causas vinculadas a hechos de corrupción.
La causa es investigada por la fiscal Daiana Serrano Antar. Tras conocer la acusación en su contra, el ex procurador optó por ejercer su propia defensa y presentó una recusación contra la representante del Ministerio Público.
Los querellantes solicitaron que el acusado fuera detenido preventivamente al considerar que conserva poder e influencia suficientes para obstaculizar la investigación o incluso intentar evadir el proceso. No obstante, el planteo fue rechazado y el imputado permanecerá en libertad mientras avanza la causa.
La imputación reavivó las críticas hacia la gestión de Lello Sánchez al frente del MPA, un período marcado por numerosas denuncias de persecución política, presunto armado de causas judiciales y hostigamiento contra funcionarios, dirigentes sociales, comunidades indígenas y magistrados que cuestionaban su accionar.
El ex procurador renunció a su cargo en octubre de 2025, luego de que ingresara en la Legislatura un pedido de juicio político impulsado por ex funcionarios judiciales que aseguraban haber sido víctimas de persecución durante su administración.
Su trayectoria también estuvo atravesada por otros episodios polémicos. En 2019 fue declarado «inepto éticamente» por el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, mientras que distintos ex jueces y funcionarios presentaron denuncias por presuntos abusos de autoridad, encubrimiento, hostigamiento y utilización irregular del aparato judicial.
Con esta imputación, la Justicia jujeña abrió una de las investigaciones más sensibles contra quien durante una década ocupó uno de los cargos de mayor poder dentro del sistema judicial provincial.
