25/09/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ilustrativa. Web.
Una investigación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) analizó las denuncias contra jueces y juezas federales y nacionales tramitadas por el Consejo de la Magistratura desde 1999 hasta agosto de 2026. El relevamiento contabilizó 5.170 denuncias, de las cuales 4.910 ya fueron cerradas.
Del total de expedientes concluidos, apenas 64 terminaron con una sanción o remoción, lo que representa el 1,3%. Según los datos difundidos por ACIJ, 43 de esas decisiones fueron sanciones disciplinarias, como multas o apercibimientos, mientras que otras 21 terminaron con la remoción de magistrados.
469 denuncias caducaron
El informe también señala que 260 denuncias permanecían en trámite, mientras que otras 469 caducaron por el paso del tiempo entre 1999 y agosto de 2026.
Para ACIJ, estos datos plantean interrogantes sobre el funcionamiento del sistema de control disciplinario de la magistratura. La organización señala como problemas la falta de transparencia en los expedientes, las dificultades para que quienes denuncian participen del proceso y los criterios utilizados para determinar quiénes investigan cada presentación.
El propio Consejo de la Magistratura mantiene actualmente información pública sobre expedientes en trámite y causas culminadas de sus comisiones de Disciplina y Acusación, con datos sobre denunciados, denunciantes, estado procesal y forma de finalización.
Cómo funciona el mecanismo
Las denuncias contra magistrados pueden tramitar ante las estructuras disciplinarias del Consejo. La Comisión de Acusación tiene entre sus funciones proponer al Plenario sanciones disciplinarias y acusaciones destinadas a una eventual remoción.
La investigación de ACIJ sostiene que una parte de los expedientes termina desestimada o caducada sin llegar a una sanción. Entre los casos analizados aparecen denuncias contra los jueces Federico Villena, Ariel Lijo y Diego Hernán Papa, utilizados por la organización como ejemplos para examinar el funcionamiento del sistema.
En el caso de Papa, según el informe, el expediente terminó archivado después de que el Plenario no alcanzara la mayoría requerida para aprobar distintas alternativas de resolución y transcurriera el plazo legal de caducidad.
Los interrogantes sobre el sistema
El relevamiento plantea dos explicaciones posibles frente al bajo porcentaje de sanciones: que la mayoría de las denuncias no tenga fundamentos suficientes o que existan problemas en el funcionamiento del mecanismo de control.
ACIJ sostiene que sus datos y el análisis de expedientes permiten considerar que la segunda posibilidad no puede descartarse, aunque el porcentaje de sanciones, por sí solo, no permite determinar cuántas denuncias fueron efectivamente infundadas y cuántas no avanzaron por deficiencias del procedimiento.
En declaraciones incluidas en la investigación, especialistas en Derecho también cuestionaron la baja cantidad de sanciones. Mauro Benente, docente de la UNPAZ y la UBA, señaló que el número resulta llamativo frente a un plantel de aproximadamente mil jueces y juezas, aunque remarcó que la falta de acceso a los expedientes dificulta determinar las causas de ese resultado.
Por su parte, Alfonso Santiago, abogado y director de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral, consideró que el Jurado de Enjuiciamiento ha desarrollado correctamente los procesos que llegaron a esa instancia, pero planteó que no todos los casos que podrían haberlo requerido necesariamente llegaron allí.
Un problema de transparencia
ACIJ informó que intentó entrevistar a los integrantes de las Comisiones de Disciplina y Acusación. Según la organización, realizó más de 40 pedidos de entrevista a los 15 consejeros que integraban esas comisiones al momento de la investigación y solo obtuvo respuesta de Anabel Fernández Sagasti y Rodolfo Tailhade.
La entidad también sostuvo que no pudo acceder a los expedientes disciplinarios que había solicitado y planteó que esa información debería ser pública.
El Consejo de la Magistratura, por su parte, dispone actualmente de una plataforma con información sobre denuncias y expedientes disciplinarios, incluidos registros de causas culminadas y expedientes en trámite.
El informe “¿Justicia intocable?” fue elaborado por ACIJ con datos oficiales, respuestas obtenidas mediante pedidos de acceso a la información pública, testimonios de denunciantes y aportes de especialistas. La investigación busca poner bajo análisis la eficacia y transparencia de los mecanismos destinados a controlar el desempeño de jueces y juezas federales y nacionales.
