20/03/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ilustrativa. Imagen: Prensa Gobierno de la Provincia de Salta.
La implementación del sistema de juicios por jurados en Salta no sólo está cambiando la forma en que se juzgan los delitos más graves. También está obligando a la Justicia a levantar un escudo de protección alrededor de los ciudadanos que, de un día para el otro, pasan de ser simples votantes del padrón electoral a convertirse en protagonistas directos de un veredicto judicial.
La Corte de Justicia de Salta resolvió aplicar un protocolo estricto para resguardar la identidad y la integridad de quienes integren los jurados populares. La medida es clara y no deja margen para interpretaciones: queda prohibido registrar imágenes, voces o cualquier dato que permita identificar a los jurados durante el desarrollo de los juicios.
El objetivo es evitar presiones, escraches o cualquier forma de exposición pública que pueda afectar a los ciudadanos convocados para cumplir con esta carga pública. En otras palabras: quienes deberán decidir sobre la culpabilidad o inocencia de una persona no podrán quedar expuestos en cámaras, grabaciones o publicaciones que los identifiquen.
La decisión se inscribe en el marco del nuevo sistema de juzgamiento por jurados que comenzó a ponerse en marcha en la provincia y que implica un cambio profundo en el funcionamiento de la justicia penal. La modalidad establece que doce ciudadanos titulares y varios suplentes, elegidos por sorteo del padrón electoral, son quienes deliberan y deciden el veredicto en causas penales graves.
Ese proceso implica que personas comunes —vecinos, trabajadores, estudiantes— se conviertan en árbitros del destino judicial de un acusado. Y justamente por esa razón, la reserva sobre sus identidades se volvió una cuestión central para garantizar que puedan deliberar sin presiones externas ni exposición pública.
El sistema no es menor: los jurados deben analizar las pruebas presentadas por la fiscalía y la defensa, escuchar a los testigos y deliberar a puertas cerradas antes de emitir su veredicto sobre la culpabilidad o no del acusado.
En ese contexto, la nueva regla de confidencialidad busca impedir que la cobertura mediática o la difusión en redes sociales transforme a los jurados en blancos de presiones sociales o políticas.
La medida también responde a un problema que ya se vio en otros sistemas judiciales donde rige el juicio por jurados: cuando los nombres o rostros de los jurados se hacen públicos, la presión externa —desde campañas mediáticas hasta amenazas— puede poner en riesgo la imparcialidad del proceso.
Por eso, en el nuevo esquema que comienza a funcionar en Salta, la Justicia decidió cerrar la puerta a cualquier intento de exposición. Ni fotos, ni grabaciones de voz, ni datos personales. Los ciudadanos que integren los jurados deberán permanecer en el anonimato.
La lógica detrás del blindaje es simple: si el veredicto debe ser libre y basado exclusivamente en las pruebas del juicio, quienes lo dictan no pueden convertirse en personajes públicos ni quedar atrapados en el tribunal paralelo de las redes sociales.
En una provincia que recién empieza a transitar el camino del juicio por jurados, la Justicia parece haber entendido que no alcanza con convocar ciudadanos al estrado. También hay que protegerlos.
