27/12/2025.- Salta al Instante.- Foto portada: El gendarme Héctor Jesús Guerrero y el prefecto Sebastián Emanuel Martínez. Imagen: Archivo.
Bullrich, otra vez contra las pruebas
La Justicia volvió a pinchar el relato oficial. Nueve meses y medio después de que Pablo Grillo recibiera un disparo en la cabeza durante la represión a la marcha de jubilados frente al Congreso, la Cámara Federal confirmó el procesamiento del gendarme Héctor Jesús Guerrero, dejando al desnudo una verdad incómoda: no fue un accidente, no fue fortuito, no fue reglamentario.
El fallo, unánime, sostiene que Guerrero disparó seis veces granadas de gas lacrimógeno de manera horizontal, una práctica prohibida, peligrosa y potencialmente letal. Uno de esos disparos impactó de lleno en el cráneo de Grillo, que todavía pelea por recuperarse de lesiones gravísimas.
Las imágenes que desmontan la mentira
Las cámaras hablaron más fuerte que cualquier discurso. Registros de televisión, fotógrafos, particulares, imágenes oficiales y el Mapa de la Policía reconstruyeron el ataque como un rompecabezas sin fisuras.
Guerrero estaba ahí. Apuntó. Disparó. Y lo hizo sabiendo que podía matar.
La propia Gendarmería terminó admitiendo que el autor fue Guerrero, aunque intentó lavarse las manos culpando a la víctima y calificando el hecho como “fortuito”. La Cámara fue tajante: no hay duda posible.
Disparar para herir… o matar
Los jueces Irurzun y Farah remarcaron que Guerrero fue el único que disparó de ese modo:
horizontal,
directo a grupos de personas,
violando todos los manuales y protocolos.
El fabricante del arma es claro: nunca debe apuntarse a una persona, porque puede causar lesiones graves o la muerte. Naciones Unidas dice lo mismo. Guerrero hizo exactamente lo contrario. Seis veces.
Procesado y embargado
La Cámara confirmó el procesamiento por lesiones gravísimas y abuso reiterado de armas, con un embargo de 203 millones de pesos.
Además, por mayoría, ratificó el procesamiento del prefecto Sebastián Emanuel Martínez, acusado de dispararle a Jonathan Navarro, un hincha de Chacarita que perdió el 42% de la visión de un ojo. Su embargo: 93 millones.
Investigar la cadena de mando
El juez Roberto Boico fue más allá: pidió investigar a las autoridades a cargo del operativo, es decir, la responsabilidad política detrás de la represión del 12 de marzo. Una bomba directa al corazón del dispositivo de seguridad.
Bullrich, en offside
El fallo deja en ruinas el discurso de Patricia Bullrich, que llegó a decir que Pablo Grillo estaba preso cuando en realidad luchaba por su vida en terapia intensiva. También había asegurado que el gendarme actuó conforme al reglamento.
La Justicia dijo lo contrario, con pruebas.
El derecho a protestar, bajo ataque
Boico recordó algo que el gobierno parece decidido a ignorar:
👉 la protesta social es un derecho humano fundamental,
👉 la regla es garantizarla, no reprimirla,
👉 el orden público no puede usarse como excusa para mutilar derechos.
La Corte Interamericana es clara: el Estado no puede tratar a la población civil como enemiga. Cuando la respuesta estatal deja heridos, mutilados o muertos, fracasa la democracia.
Conclusión sin filtro
La Cámara habló claro:
No fue un exceso aislado.
No fue un error.
No fue un accidente.
Fue represión ilegal, con responsables identificados y con una cadena de mando que empieza a quedar bajo la lupa.
Y mientras Pablo Grillo sigue recuperándose, el relato oficial vuelve a caer bajo el peso de las pruebas.
