11/02/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Imagen: Web.
En medio del debate más caliente del año político argentino, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y reciente titular del Partido Justicialista bonaerense, salió con los tapones de punta a criticar la reforma laboral impulsada por Javier Milei en el Senado. Para Kicillof, la iniciativa no es una simple “modernización” de las normas laborales: es un atropello que remite a los peores proyectos de flexibilización que la dictadura cívico-militar intentó imponer y que ni en democracia se consolidaron.
“Llamar modernización a esto es una burla”, afirmó Kicillof con dureza al referirse al proyecto en medio de una sesión pública en el Senado, donde el oficialismo intenta avanzar pese al rechazo de sindicatos, movimientos sociales y un bloque amplio de opositores. “Este proyecto es el que se planteó la dictadura y no se pudo hacer entonces ni después en democracia”, sentenció, señalando la profunda regresión de derechos que implica la normativa impulsada por el Gobierno nacional.
El gobernador bonaerense vinculó la iniciativa con una estrategia de precarización laboral histórica y advirtió que equiparar derechos “hacia abajo” no genera empleo, sino que desarma conquistas adquiridas durante décadas de luchas sindicales y legislativas. “Facilitar y abaratar despidos no genera empleo porque tenemos un programa económico horrible”, ironizó, en una crítica que mezcla técnica, historia y rechazo político directo al corazón del proyecto oficialista.
Las palabras de Kicillof no llegaron en el vacío: se dan en medio de masivas movilizaciones sindicales y sociales en todo el país, en las que gremios como la CGT y las CTA, junto a trabajadores de la salud, educación y cultura, protagonizan protestas y paros contra la reforma que, según ellos, atenta contra la negociación colectiva, reduce indemnizaciones y restringe el derecho de huelga.
Además del reproche histórico, Kicillof —que participó activamente de las marchas al Congreso y respaldó informes técnicos elaborados por la provincia de Buenos Aires para desmontar los argumentos oficiales— ha calificado la reforma como una burla que iguala para abajo a los trabajadores, favorece a grandes grupos empresariales y vulnera pilares de protección laboral.
El gobernador bonaerense no es el único con tono de alerta: la oposición en bloque, sindicatos y organizaciones sociales han definido la iniciativa como un ataque estructural al mundo del trabajo que podría provocar una oleada de conflictos y profundizar la fractura entre el Ejecutivo nacional y los sectores populares y sindicales que ya copan las calles frente al Congreso.
En este contexto, la escena política se endurece: mientras Milei y sus aliados confían en la aprobación de la reforma, Kicillof y una oposición cada vez más amplia denuncian que se está discutiendo un proyecto regresivo, con ecos de los viejos planes de flexibilización que fracasaron en el pasado, y que de imponerse consolidaría una ruptura con la tradición de derechos laborales que acompañó a Argentina desde mediados del siglo XX.
La pulseada por la reforma laboral, más que una tecnocracia normativa, se ha convertido en una batalla ideológica de fondo sobre el futuro del trabajo, los derechos sociales y el modelo de desarrollo económico que Argentina elegirá en pleno 2026.
