10/03/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ernesto Fernando “Kila” Gonza. Imagen: Web.
El juicio contra el exintendente Ernesto Fernando “Kila” Gonza volvió a sacudir la política de San Lorenzo y dejó al descubierto una radiografía explosiva de la gestión municipal que terminó en el banquillo. En la audiencia, el actual jefe comunal José Manuel Saravia Arias no se guardó nada: declaró ante el tribunal y ratificó la denuncia que presentó al asumir el cargo, describiendo un municipio sumido en un “caos financiero”, con irregularidades que, según su testimonio, atravesaban la administración pública local.
El proceso judicial tiene a Ernesto Fernando “Kila” Gonza imputado como autor de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, todo en concurso real. En la misma causa también están acusados el exsecretario de Hacienda Rogelio Higinio Guaymás, por peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y el concejal Aldo Dalmiro Gonza, hermano del exintendente, señalado como partícipe necesario en el delito de peculado.
Durante su declaración, José Manuel Saravia Arias relató cómo, tras ganar las elecciones de noviembre de 2019, intentó iniciar una transición ordenada con Ernesto Gonza para conocer el estado real de la municipalidad antes de asumir. Pero esa transición, según explicó, nunca ocurrió. El 10 de diciembre de 2019, día en que tomó posesión del cargo, debió presentarse en el edificio municipal acompañado por dos escribanos para documentar e inventariar lo que quedaba en la comuna.
Lo que encontró, según relató ante los jueces, fue un panorama desolador. Faltaban documentos, había registros eliminados en computadoras, y hasta hubo dificultades para ingresar a determinadas oficinas municipales. El intendente aseguró que la situación era tan caótica que debió pedir al Concejo Deliberante una dispensa para presentar la ejecución presupuestaria del último trimestre de 2019, ya que asumió sin información confiable sobre las cuentas del municipio.
La auditoría externa que ordenó su gestión terminó de encender todas las alarmas. Según el testimonio de Saravia Arias, el informe reveló inconsistencias financieras, cheques de pago diferido emitidos sin procesos de contratación, y un sistema de “vales” mediante el cual se entregaba dinero en efectivo a funcionarios. Luego, según explicó, esos movimientos se intentaban justificar con facturas obtenidas posteriormente para “emprolijar” las irregularidades.
Entre las anomalías también apareció una escena digna de un manual del desorden administrativo: una camioneta Chevrolet comprada para la municipalidad que no figuraba en el parque automotor oficial cuando el nuevo intendente asumió. Los mismos vales que servían para retirar efectivo, relató el testigo, se utilizaban incluso para financiar premios en lotas organizadas por la comuna durante la campaña electoral.
El actual jefe comunal también mencionó un episodio que elevó aún más la tensión del relato: un intento del intendente saliente de retirar dinero del banco el 10 de diciembre de 2019, un día después de haber finalizado su mandato.
Las irregularidades, siempre según el testimonio presentado en el juicio, también incluyeron decisiones que rozaban el uso personal de los recursos públicos. José Manuel Saravia Arias señaló que Ernesto “Kila” Gonza se habría autoconcedido dos parcelas en el cementerio de San Lorenzo mediante un contrato con vigencia de 99 años, además de detectar inconsistencias en pagos por alquiler de maquinaria pesada sin procedimientos de contratación.
En la misma audiencia declaró el expresidente del Concejo Deliberante de San Lorenzo, Juan Pablo Dávalos, quien también figura como denunciante en la causa. Dávalos afirmó que durante 2019 el cuerpo legislativo no recibió fondos del Ejecutivo municipal para su funcionamiento ni para pagar las dietas de los concejales, y que numerosos pedidos de informes al Ejecutivo quedaron sin respuesta, lo que —según dijo— impidió al Concejo ejercer su rol de control sobre la administración municipal.
El juicio continúa tras varias postergaciones provocadas por planteos de la defensa. El tribunal que lo lleva adelante está integrado por los jueces Federico Diez, quien lo preside, Paola Marocco y Francisco Mascarello. La acusación del Ministerio Público está a cargo de la fiscal Claudia Geria, mientras que la querella, en representación de la Municipalidad de San Lorenzo, está encabezada por Juan Casabella Dávalos y Débora Ramírez. La defensa de Rogelio Guaymás está a cargo de Juan Diego Herrera, y la de los hermanos Gonza corresponde a Roberto Tomás Aranda y Ariel Vázquez.
Con cada audiencia, el proceso judicial empieza a exponer algo más que un expediente penal: una trama de presuntas irregularidades que pone bajo la lupa el manejo del dinero público en San Lorenzo durante la gestión de Ernesto “Kila” Gonza, y que ahora se discute, detalle por detalle, en los tribunales.
