09/02/2026.- Salta al Instante.- Por Fabiola Acosta.- Foto portada: Patricia Bullrich y Ezequiel Atauche, senadores de LLA. Casa Rosada subestima a la CGT y apuesta a un conflicto debilitado mientras avanza la reforma laboral. Imagen: Web.
En el corazón del poder nacional, en Balcarce 50, se vive un clima de confianza exagerada: el Gobierno de Javier Milei interpreta la respuesta sindical a la reforma laboral como un gesto acotado, previsible y fácilmente domesticable. En los pasillos oficiales, lejos de cualquier análisis de fondo sobre conflictividad social, se escucha sin tapujos que “lo que diga la CGT no nos importa” y se apuesta a que la movilización prevista para este miércoles no alterará el tablero político ni pondrá en riesgo la aprobación del proyecto en el Senado. Para el oficialismo, la central obrera no logró cohesionar un plan de acción capaz de frenar la ofensiva parlamentaria.
La lectura desde la Casa Rosada es brutal y explícita: la CGT habría llegado dividida a esta disputa, sin el músculo interno para imponer un paro general y con líderes sindicales más preocupados por preservar sus posiciones que por articular un frente capaz de frenar la avanzada oficial. Esa interpretación oficialista se traduce en una confianza que raya en la subestimación, con la convicción de que la protesta en las puertas del Congreso —más simbólica que efectiva— será un episodio controlable en medio de la sesión legislativa clave.
Tras bambalinas, sin embargo, la tensión crece. El Gobierno no minimiza el desafío de contener una jornada de movilización que puede poner en escena el descontento social acumulado por pérdida salarial, precarización laboral y la ofensiva normativa contra derechos conquistados en décadas de lucha sindical. Sectores más combativos dentro de la CGT y en la base gremial impulsan protestas por actividad y medidas de fuerza que van más allá de una mera concentración frente al Congreso.
A la par, la estrategia oficialista se articula en dos frentes: uno de orden legislativo y otro de gestión política con los gobernadores provinciales. En el primer frente, la Casa Rosada confía en asegurar los votos necesarios para la media sanción en el Senado, convencida de que el relato de modernización laboral y la promesa de “estabilidad fiscal” logran neutralizar objeciones. En el segundo, la intención es exhibir una superficie de consenso federal que aísle aún más a los sectores sindicales y peronistas críticos.
Pero esa confianza oficial choca con las señales que emiten desde la propia CGT: rechazo a la reforma por considerarla una herramienta de flexibilización y precarización, insistencia en la falta de diálogo y advertencias sobre medidas de fuerza si no hay negociación real. Para la central obrera, la ausencia de consensos profundos sobre la nueva legislación laboral no es una coincidencia, sino una expresión de la intención de avanzar sin escuchar a los trabajadores y sin construir puentes con los gremios.
La disputa política que se dirime esta semana no es una pulseada menor. En términos prácticos, lo que está en juego es el equilibrio de poder entre un Ejecutivo que pretende legislar sin intermediaciones fuertes y una organización sindical histórica que no quiere resignar autonomía ni capacidad de presión. La subestimación oficial de la respuesta sindical puede terminar siendo una apuesta peligrosa, sobre todo si la protesta de mañana se traduce en un síntoma más claro de un malestar social que sigue creciendo bajo la superficie.
En este escenario, la lectura fría del Gobierno —que ve al sindicalismo como incapaz de condicionar legislativamente la reforma— corre el riesgo de tropezar con una realidad que no puede ser reducida a meros pronósticos de operaciones políticas.
