17/02/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Diego Spagnuolo (implicado en coimas ANDIS), Karina Milei (3%) y los Menem, implicados en otros escándalos de corrupción denunciados, que la «Justicia» no ve.
El segundo año de gobierno de Javier Milei dejó un dato que sacude el núcleo de su promesa fundacional: la Argentina retrocedió cinco puestos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 elaborado por Transparency International, al pasar del 99° al 104° lugar entre 182 países. Ese retroceso, que mide la percepción de corrupción en el sector público según expertos y empresarios, refleja no solo un puntaje menor —36 sobre 100— sino también una tendencia continuada de deterioro desde 2019. Argentina quedó por detrás de países como Zambia, Lesoto y Gambia y a la par de naciones como Belice y Ucrania, un dato que contradice el relato oficial de lucha contra la “casta política” que Milei proclamó al llegar al poder.
Ese desplome en el ranking global no es un fenómeno aislado, sino que se expresa en una serie de escándalos e investigaciones judiciales que han involucrado a funcionarios y allegados del entorno presidencial. El caso más resonante —que llegó a sacudir la estabilidad de La Casa Rosada y generó intervención judicial— fue el escándalo de presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que implicó a Karina Milei, hermana del presidente, y a otros funcionarios cercanos. Según grabaciones filtradas y presentaciones judiciales, la red de sobornos presuntamente operaba a través de contratos con distribuidores farmacéuticos, con porcentajes de hasta 3% del valor de los contratos, y motivó la destitución de altos funcionarios y 15 allanamientos policiales en Buenos Aires.
Esos audios, que expusieron a Karina Milei en una posición comprometida ante la Justicia federal, no solo provocaron la salida del entonces director de ANDIS, Diego Spagnuolo, sino que también tensaron el vínculo político del oficialismo con su propia base. Javier Milei salió públicamente a negar manipulaciones y defender a su hermana, calificando las filtraciones como mentiras con intención de daño político, lo que intensificó la polémica y generó un costo político palpable en encuestas de imagen presidencial.
La percepción de corrupción, además, se alimenta de otros episodios que la oposición coloca sobre la mesa del debate público y judicial. La denuncia por posibles negociaciones incompatibles de Milei —vinculada al llamado caso $LIBRA sobre promoción de una criptomoneda sin regulación adecuada— fue presentada por entidades de la sociedad civil ante los tribunales federales de Comodoro Py, sosteniendo que el presidente incurrió en delitos de incompatibilidad con su función pública.
Ese combo de escándalos y pronunciadas filtraciones contrastan con las promesas de “cero corrupción” que formaron parte del discurso de campaña del oficialismo en 2023. Incluso, la propia administración había desactivado o reorganizado organismos claves en la persecución de hechos de corrupción durante su primer año de gestión, provocando tensiones con sectores de la oposición y especialistas jurídicos.
La repercusión de estos hechos no se limita exclusivamente a expertos y tribunales. Según encuestas publicadas tras los escándalos, una mayoría significativa de ciudadanos ha señalado que la corrupción es uno de sus principales motivos de preocupación y ha expresado desconfianza en el Gobierno de Milei y su entorno. Un porcentaje importante de aquellos que inicialmente apoyaron al presidente manifestó que ya no lo haría a raíz de los escándalos vinculados a su círculo más íntimo.
La combinación de estos elementos —retroceso en el ranking internacional de transparencia, investigaciones judiciales abiertas por presuntos sobornos y coimas, y la caída de la confianza pública— delinean un paisaje en el que la retórica contra la corrupción del Gobierno libertario choca con la percepción y realidad de múltiples hechos que involucran a funcionarios y allegados. Así, la narrativa oficial de reconstrucción institucional y ética pública se ve desafiada por una creciente acumulación de denuncias y fenómenos que los ciudadanos argentinos perciben como corrupción persistente o en aumento.
