24/02/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Campo de concentración durante la dictadura. Imagen: Web.
Mientras Argentina se prepara para conmemorar dos meses antes del 50° aniversario del golpe militar que dio inicio al último régimen cívico-militar, una radiografía estremecedora revela que el terror que vivió el país no fue algo lejano ni aislado, sino una maquinaria sistemática de represión que funcionó a plena vista y sin piedad en más de 800 centros clandestinos de detención, tortura y desaparición en todo el territorio nacional.
La periodista Luciana Bertoia reconstruye en Página/12 cómo fue la mecánica del horror en aquellos años: desde que las fuerzas armadas, policías y servicios de inteligencia comenzaron a secuestrar y “hacer desaparecer” a opositores, activistas, estudiantes, sindicalistas, periodistas y vecinos comunes, hasta la red de campos clandestinos que se levantó como un sistema de terror para disciplinar una sociedad entera.
Más de 834 centros clandestinos de detención funcionaron entre 1974 y 1983, muchos antes incluso del golpe del 24 de marzo de 1976, como ocurre con La Escuelita de Famaillá, instalado en el marco del Operativo Independencia, y el Pozo de Banfield, dependiente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Estos lugares no eran sitios escondidos en la nada: muchos estaban en comisarías de barrio, instalaciones militares como Campo de Mayo, la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y La Perla en Córdoba, o incluso casas particulares y edificios civiles que funcionaron como centros de terror.
En esos sitios, la violencia se ejercía con una brutal eficiencia: secuestro, tortura sistemática, condiciones inhumanas, despersonalización y, en miles de casos, desaparición definitiva. Los sobrevivientes describen “quirófanos” donde se torturaba; celdas saturadas, hambre, frío y la amenaza constante de un “traslado” que no significaba otra cosa que la muerte. En la ESMA, por ejemplo, el exterminio se desplegaba también fuera de sus paredes: los llamados «vuelos de la muerte» consistían en arrojar a prisioneros atados al Río de la Plata o al Mar Argentino, un método macabro que simboliza hasta dónde llegó la mano del Estado represor.
La estructura del terror era tan amplia que no se limitó a grandes centros conocidos: instalaciones policiales, talleres alquilados por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) –como Automotores Orletti o la Base Pomar–, buques, unidades militares, hospitales como el Hospital Posadas y hasta viviendas particulares fueron adaptadas para el secuestro y la tortura de argentinos.
El mayor propósito de este aparato no fue sólo reprimir: fue arrasar con identidades y aplastar toda resistencia. A quienes ingresaban en estos lugares, “dejar de ser” era la regla: pasaban de tener nombre y derechos a convertirse en un número, un desaparecido más, sin rastro ni justicia durante décadas.
Hoy, instituciones como la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y las políticas de Memoria, Verdad y Justicia han identificado y transformado muchos de esos espacios en Sitios de Memoria, para que la sociedad no olvide lo que fue posible cuando el Estado se convirtió en una maquinaria de exterminio.
Pero la memoria sigue siendo un campo de lucha. En muchas zonas urbanas los signos de lo que fueron centros clandestinos desaparecieron de la vida cotidiana sin señalización ni reconocimiento público, y reparar esa ausencia histórica se ha convertido en parte de la batalla política del presente. Líderes de organismos de derechos humanos insisten en que la memoria es indispensable no sólo por justicia a las víctimas, sino para evitar que una sociedad vuelva a reproducir los mismos horrores.
Como señaló una sobreviviente de La Perla, Teresa Meschiatti, en palabras que helarían a cualquiera: “Así como en la ESMA se iban para arriba, nosotros nos íbamos para abajo”. Esa frase no es apenas una descripción física: es un símbolo de cómo el terrorismo de Estado degradó la vida en nombre de una supuesta seguridad.
