07/05/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Manuel Adorni. Web.
La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este miércoles nuevas medidas ordenadas por el juez federal Ariel Lijo, en el marco de la causa que analiza presuntas irregularidades patrimoniales, viajes y operaciones inmobiliarias vinculadas al funcionario.
Entre las decisiones adoptadas, el magistrado dispuso levantar el secreto fiscal de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, con el objetivo de profundizar la investigación sobre el origen de los fondos utilizados en compras de propiedades y viajes realizados desde el inicio de su gestión en el Gobierno nacional.
La medida apunta a determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados por el funcionario y los gastos relevados durante la investigación, que incluyen adquisiciones inmobiliarias y viajes al exterior.
Además, Lijo ordenó revisar las comunicaciones del periodista y productor Marcelo Grandío, amigo de Adorni y vinculado al viaje realizado en avión privado a Punta del Este durante el último feriado de Carnaval.
Según trascendió, el análisis abarcará mensajes, llamadas y contactos entre Grandío, Adorni y Horacio Silva, titular de la productora ImHouse. La medida será ejecutada por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) y busca esclarecer posibles hechos relacionados con dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública.
En paralelo, el fiscal Gerardo Pollicita tomó declaración testimonial a Leandro Miano, empresario inmobiliario e hijo de Claudia Sbabo, una de las jubiladas involucradas en la operación de venta de un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito.
La investigación analiza la compra de ese inmueble y un financiamiento de 200 mil dólares que, según consta en la causa, aún mantendría pendiente de pago el jefe de Gabinete.
Miano es socio del empresario Pablo Martín Feijoo, hijo de Alicia Viegas, la otra jubilada vinculada a la operación inmobiliaria. Feijoo ya había declarado previamente ante la Justicia y aseguró que existió un acuerdo verbal por un pago adicional de 65 mil dólares fuera de la escritura formal.
La causa también incorporó esta semana la declaración del contratista Matías Tabar, quien afirmó haber realizado remodelaciones en la propiedad que Adorni posee en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Según su testimonio, las obras habrían costado unos 245 mil dólares pagados en efectivo y sin facturación.
Con las nuevas medidas judiciales, la investigación continúa ampliándose sobre distintos movimientos patrimoniales y vínculos personales y comerciales relacionados con el funcionario nacional.
