11/11/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Federico “Fred” Machado al ser detenido en su casa de Viedma. Imagen: Noticias argentinas.
El empresario rionegrino fue condenado a seis años de prisión por lavado de activos y fraude electrónico, aunque podría recuperar la libertad a comienzos de 2027. Su entorno espera que luego regrese a Viedma para cumplir los tres años de libertad supervisada que le restan.
La Justicia de Estados Unidos confirmó la condena contra Federico Andrés “Fred” Machado, quien deberá cumplir seis años de prisión por conspiración para lavar activos y cometer fraude electrónico.
La sentencia fue dictada por el juez federal Amos L. Mazzant, del Distrito Este de Texas, luego de aceptar el acuerdo alcanzado por Machado con la Fiscalía en mayo.
El magistrado impuso 72 meses de prisión por cada uno de los dos delitos, aunque estableció que las penas se cumplan de manera simultánea. De esta forma, Machado deberá cumplir seis años y no doce.
El acuerdo también permitió dejar de lado la acusación por narcotráfico internacional, que contemplaba una pena mínima de diez años de prisión.
La audiencia duró apenas 17 minutos y puso fin a una de las principales etapas de una investigación iniciada en 2020.
Machado podría recuperar la libertad en 2027
Machado permanece detenido en una cárcel de Oklahoma, Estados Unidos. Según su entorno, podría recuperar la libertad durante los primeros meses de 2027.
El empresario fue detenido el 16 de abril de 2021 en el aeropuerto de Neuquén, a partir de un pedido de captura internacional de Estados Unidos.
Después pasó por distintas dependencias federales hasta acceder a la prisión domiciliaria, que cumplió durante varios años en una propiedad ubicada camino al balneario El Cóndor, cerca de Viedma.
Permaneció allí hasta octubre de 2025, cuando la Corte Suprema de Justicia habilitó su extradición. Un mes después fue trasladado a Estados Unidos.
Si se computa el tiempo que estuvo privado de su libertad en Argentina, Machado ya habría cumplido cinco años y casi siete meses de la condena de seis años.
El vencimiento de la pena se produciría el 16 de abril de 2027, aunque podría adelantarse si accede a las reducciones previstas por la legislación estadounidense por buena conducta.
La expectativa de regresar a Viedma
Cuando la Corte Suprema habilitó su extradición, el 7 de octubre de 2025, ratificó las condiciones establecidas por el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva. Entre ellas se encontraba que Estados Unidos computara el período de privación de libertad durante el proceso de extradición.
Según trascendió, ese reconocimiento también habría formado parte del acuerdo alcanzado entre Machado y los fiscales estadounidenses.
En Viedma, donde conserva vínculos familiares y donde su situación judicial fue seguida durante años, volvió a instalarse la posibilidad de su regreso.
Su entorno sostiene que la intención es que Machado cumpla en esa ciudad los tres años de libertad supervisada que le restarían. Sin embargo, esa posibilidad no figura expresamente en la sentencia y deberá ser autorizada por las autoridades estadounidenses.
Si regresara a comienzos de 2027, el período de supervisión podría extenderse hasta los primeros meses de 2030.
Machado todavía debe afrontar una cuestión pendiente ante la Justicia de Texas: determinar cuánto dinero deberá devolver a las víctimas de las maniobras fraudulentas vinculadas con sus negocios aeronáuticos.
Para resolver ese punto, el juez Mazzant fijó una nueva audiencia para el 17 de febrero de 2027 en el tribunal federal de Sherman.
La situación judicial de José Luis Espert
Mientras Machado espera definir su futuro, José Luis Espert tiene prohibido salir de la Argentina.
El pasado 22 de octubre, el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli procesó al exdiputado por lavado de activos, le impuso un embargo de mil millones de pesos y estableció una restricción para viajar al exterior.
La investigación está relacionada con 200 mil dólares que Espert recibió en enero de 2020 de una firma vinculada a Machado, transferencia que quedó registrada en el expediente judicial estadounidense.
Espert sostuvo que ese dinero correspondía al primer pago de un contrato de consultoría por un millón de dólares para un proyecto minero en Guatemala.
El juez consideró que se trató de un contrato simulado y que el economista pudo haber conocido el origen ilícito de los fondos.
Mirabelli también procesó a Mariano Alejandro Cosentino, contador de Espert, como presunto partícipe necesario del lavado y le impuso un embargo de 700 millones de pesos. Además, la sociedad familiar Varianza S.A. quedó embargada por otros 500 millones.
El 27 de octubre, Espert apeló su procesamiento, pidió el sobreseimiento y reclamó que se levantaran el embargo y la prohibición de salir del país.
El exdiputado volvió a negar haber cometido un delito y atribuyó motivaciones políticas a la decisión judicial.
