28/01/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Bomberos y vecinos luchan contra los incendios, mientras el gobierno nacional no hace absolutamente nada. Imagen: Web.
La tragedia ambiental que consume la Patagonia no es un fenómeno accidental ni un infortunio climático aislado: es la expresión más cruda de políticas deliberadas de abandono del Estado nacional que dejaron sin herramientas a quienes estaban obligados a proteger bosques, comunidades y vidas. En este inicio de 2026, más de 12.000 hectáreas de bosque nativo en El Lago Epuyén y otras zonas de Chubut y Río Negro arden sin control mientras el gobierno reduce de manera brutal los recursos para combatir el fuego.
La realidad es dramática: mientras las familias pierden casas, chacras y medios de vida, las autoridades nacionales priorizan recortes presupuestarios escandalosos que dejan al Servicio Nacional de Manejo del Fuego con una caída real del 69 % de fondos en 2026 y un profundo desfinanciamiento de la Ley de Bosques y la Ley de Manejo del Fuego. Lejos de ser errores de coordinación, estos recortes parecen configurar una estrategia que abandona territorios enteros a su suerte y abre la puerta a negocios inmobiliarios, mineros y extractivistas sobre tierras devastadas por el fuego.
En este vacío de políticas públicas, las brigadas comunitarias, juntas vecinales y pequeños productores son quienes de verdad están sosteniendo la defensa contra las llamas. Organizaciones como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) denuncian que, en lugares como El Desemboque, “el fuego subió, hay mucho humo” y las comunidades se ven obligadas a combatir un avance implacable sin los equipos, salarios, capacitación ni recursos adecuados. La “solidaridad” de vecinos y productores es puesta como parche ante una ausencia estatal que debería ser inexcusable.
La frase de los propios afectados lo dice todo: “Hoy las brigadas comunitarias, vecinas y vecinos organizados y familias productoras locales sostenemos lo que el gobierno abandona”. No es un reclamo retórico ni una exageración periodística: es un grito que surge de la tierra quemada y de pueblos enteros que están en riesgo de quedar aislados o destruidos.
Lo que está ocurriendo en la Patagonia no puede leerse como un desastre natural inevitable, sino como la consecuencia lógica de decisiones políticas: recortes sistemáticos, desfinanciamiento de estructuras clave para la prevención y combate del fuego, y una agenda que parece más preocupada por flexibilizar normas que por proteger vidas y ecosistemas. En lugar de fortalecer la prevención, restaurar bosques nativos y dotar de salarios y herramientas a brigadistas, el gobierno nacional elige recortar, desregular y abrir puertas a intereses extractivistas sobre territorios devastados —una ecuación que expone a comunidades enteras al fuego y a la ruina.
En la Patagonia que arde, la voz de las vecinas y vecinos organizados lo deja claro: la presencia estatal no se ve donde más se necesita, y mientras el humo cubre montañas y campos, quienes sostienen con sus manos la lucha contra las llamas son los mismos que hoy reclaman una política pública real y efectiva de combate contra el fuego.
