13/02/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Policía de Salta. Imagen: Gobierno de la Provincia de Salta.
Mientras los reclamos por inseguridad y robos se multiplican en toda la provincia, la fuerza que debe combatir el delito –la Policía de la Provincia de Salta– enfrenta una crisis interna de dimensiones inéditas: más de diez mil efectivos cansados, mal equipados, con el “bolsillo perforado” y un jefe que prefiere cambiar el color del uniforme antes que garantizar insumos básicos para patrullaje.
Según fuentes policiales consultadas en exclusiva, la bronca entre suboficiales y oficiales de bajo rango no es menor. Quienes hasta hace pocos meses respaldaban la conducción del comisario general Diego Antonio Bustos, jefe de la fuerza, hoy lo “defenestran en los pasillos” por suponer que está más preocupado por lo estético que por la operatividad real. La única medida de “peso” adoptada en medio de la crisis fue, denuncian, un cambio de color en el uniforme, que además no es provisto por la institución y corre por cuenta del propio efectivo, un gasto que ronda entre 150 y 200 mil pesos por policía justo en un contexto de ajuste y falta de recursos en todo el Estado provincial.
La decisión de Bustos –critican desde la tropa– llega en momentos en que los efectivos no tienen ni siquiera vestimenta reglamentaria ni patrulleros suficientes para cubrir los múltiples reclamos por robos, asaltos y problemas de orden público. El cambio de azul a negro en algunas prendas es visto por muchos como un “parche” simbólico mientras la fuerza cede terreno en las calles por falta de recursos y planificación.
En vez de respuestas concretas, aseguran las fuentes, muchos jefes salen a la calle en autos particulares de suboficiales, cargando sus propios celulares para documentar operativos porque la institución no provee herramientas elementales ni equipos digitales adecuados.
La situación interna, además, desemboca en reclamos salariales que comenzaron a tomar fuerza después del reciente conflicto policial en la provincia de Santa Fe, donde una protesta de efectivos logró un aumento del 40% de sueldo tras tensiones y manifestaciones. Ese antecedente, sostienen los policías salteños, avivó los rumores de protestas también en Orán y Tartagal y alimentó el descontento por un sueldo básico que, según cifras internas, ronda los 84.000 pesos, lejos del nivel que permiten una vida digna en plena inflación.
Estos reclamos se cruzan con el contexto social y de inseguridad provincial: familias siguen marchando en la Plaza 9 de Julio por justicia en casos emblemáticos como el de Vicente Cordeyro, Lautaro Ramasco o Federico Villagra, lo que pone aún más presión sobre la fuerza policial para brindar respuestas y evitar estallidos sociales.
No es el único foco de tensión. Denuncias y escándalos internos proliferan: en la División de Seguridad Urbana, efectivos aseguran que jefes obligan a vender rifas bajo amenaza de traslado, mientras que la acusación grave es que se intenta ocultar responsabilidades en casos sensibles, como el atropello de un patrullero que terminó con la vida de Maximiliano Ruiz, según publicaciones regionales.
El descontento policial en Salta apunta así a una cúpula que, según quienes están en la calle, no administra los recursos con credibilidad ni responde a las necesidades reales del operativo diario. La paradoja –denuncian– es que mientras las estadísticas de inseguridad siguen altas y las protestas sociales no cesan, la principal herramienta del Estado para garantizar orden está desarmada desde adentro, con un jefe que prefiere reetiquetar uniformes en vez de volver a dotar de herramientas, dinero y dignidad al policía que patrulla cada barrio.
