27/02/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Represión policial. Imagen: Web.
Una mañana que prometía ser tensa por el debate de la reforma laboral en el Senado se convirtió en un espectáculo de fuerza y violencia estatal en pleno centro porteño. Efectivos de la Policía de la Ciudad desataron un operativo para **disolver a trabajadores despedidos y manifestantes que cortaban la Avenida 9 de Julio frente al Obelisco, echando mano a gas pimienta, empujones y represión directa contra quienes reclamaban por trabajo y justicia social.
La protesta, que confluyó con el debate parlamentario de una reforma impulsada por el presidente Javier Milei que sindicatos y organizaciones sociales consideran un retroceso brutal de derechos laborales, juntó a trabajadores despedidos de varias fábricas —entre ellos empleados de Fate, Ilva, Lustramax, Georgalos, así como docentes y profesionales del Hospital Garrahan— que se apostaron sobre los carriles principales para exigir respuestas ante la ola de despidos y el ajuste en curso.
La tensión escaló cuando la Policía de la Ciudad, intentando liberar la 9 de Julio del corte, desplegó un fuerte operativo antidisturbios que incluyó gas pimienta y uso de la fuerza para empujar a la multitud y despejar la circulación. Según testimonios y registros gráficos, los manifestantes fueron arrinconados contra veredas y corrieron bajo gases, empujones y cargas policiales, en un operativo que algunas crónicas describieron como desmedido ante una protesta mayoritariamente pacífica.
La situación duplicó su dramatismo porque la protesta no estaba aislada: en paralelo a la 9 de Julio, un sector de trabajadores también irrumpió en la Autopista Panamericana a la altura de San Fernando en reclamo por los despidos en la fábrica Fate, donde según sindicatos más de 900 empleados perdieron su fuente de trabajo. Allí, la presencia de Gendarmería Nacional fue parte de un operativo coordinado para evitar bloqueos totales, mientras que decenas de manifestantes quedaron en pie de lucha exigiendo empleo y políticas públicas reales.
La represión en la 9 de Julio no es un hecho aislado ni una anécdota. Se produce en medio de una escalada social sostenida: el propio debate de la reforma laboral —que la Confederación General del Trabajo (CGT) y otras centrales sindicales consideran un retroceso histórico para las garantías laborales— ha intensificado el malestar en la calle y las marchas de rechazo a las medidas del Gobierno.
Desde temprano, grupos de izquierda y movimientos sociales nucleados en el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) y otras organizaciones cerraron la principal avenida porteña, provocando caos de tránsito y una respuesta policial que no demoró en convertirse en confrontación física, con los agentes tratando de despejar los carriles mientras los manifestantes resistían.
En las primeras horas, los incidentes dejaron un clima de alta tensión en pleno Obelisco, con escenas de choque entre uniformados y trabajadores que exigían respuestas frente a la crisis de empleo, los despidos masivos y la caída del consumo que atraviesa sectores productivos y obreros.
La represión de este viernes, en el corazón de Buenos Aires y en medio de una jornada clave para la agenda laboral del Gobierno, vuelve a poner en el centro del debate la política de respuesta del Estado ante el reclamo social y el rol de las fuerzas de seguridad en el manejo de protestas populares, en un contexto donde los despidos y el deterioro de las condiciones laborales no dan señales de amainar.
La 9 de Julio volvió a convertirse en un campo de batalla social, con trabajadores despedidos en el centro de la escena y la Policía, una vez más, usando la fuerza para imponer el orden frente a reclamos que golpean a miles de familias argentinas.
