31/10/2025.- Salta al Instante.- Por Nico Ortiz.- Foto portada: Javier Milei, solo busca con la reforma laboral, quitar derechos laborales, y beneficiar a las empresas, cosa que no va a pasar, solo va a generar más pobreza en la clase media y trabajadora. Imagen: Web.
El Gobierno presentó ante el Congreso el proyecto de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, una ambiciosa reforma que, bajo el lema de “modernización laboral”, promete dinamizar el mercado de trabajo y atraer inversiones. Sin embargo, detrás de la retórica del crecimiento y la libertad económica, el texto avanza sobre pilares históricos de la protección laboral argentina.
El proyecto modifica más de veinte artículos de la Ley de Contrato de Trabajo, flexibiliza jornadas, vacaciones y facultades empresariales, y crea un sistema de beneficios impositivos que favorece la contratación de personal, especialmente en micro, pequeñas y medianas empresas.
Flexibilidad con costo social
Entre los puntos más controvertidos, la iniciativa habilita al empleador a modificar tareas y modalidades de trabajo “siempre que no resulten irrazonables”, una formulación ambigua que amplía la discrecionalidad patronal. Además, permite fragmentar las vacaciones y otorgarlas fuera de la temporada de verano, desdibujando un derecho conquistado hace décadas.
También se reducen las tasas de interés en juicios laborales, que pasarán a calcularse con un tope del 3% anual más inflación. En la práctica, esto recorta las indemnizaciones y abarata las deudas patronales en caso de litigio.
Beneficios fiscales y “promoción del empleo”
El corazón económico del proyecto son los bonos de crédito fiscal, que permitirán a las empresas descontar hasta el 100% de las contribuciones patronales durante un año. Las microempresas serán las principales beneficiadas, seguidas por las pequeñas (75%) y medianas (50%). El esquema se complementa con la posibilidad de contratar ex empleados públicos y recibir los mismos incentivos.
La medida busca estimular la contratación formal, aunque los expertos advierten que podría derivar en empleo de baja calidad y rotación permanente. En paralelo, se crea un Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), que ofrece amortización acelerada, devolución anticipada de IVA y exenciones impositivas a quienes inviertan en bienes de capital, infraestructura o tecnología.
Los trabajadores, en desventaja
Si bien el texto mantiene principios como la irrenunciabilidad de derechos, incorpora cambios que debilitan la posición del trabajador. Se digitalizan los recibos y notificaciones, se amplían las facultades disciplinarias y se reducen los plazos judiciales. La promesa de “modernización” parece traducirse en flexibilidad sin garantías.
Organizaciones sindicales ya alertaron que la iniciativa es una “reforma laboral encubierta”, que busca reinstalar la lógica del mercado como árbitro de las relaciones laborales. “El proyecto traslada el riesgo al trabajador y reduce la seguridad jurídica para el empleo”, señalaron fuentes gremiales consultadas.
Ganadores y perdedores
En los hechos, la propuesta consolida un esquema de premios para las empresas y ajustes para los asalariados. La apuesta oficial es que los incentivos fiscales y la reducción de costos laborales impulsen la inversión y la creación de empleo. Pero la experiencia reciente muestra que el empleo no siempre crece cuando se abarata el despido, y que la “libertad de contratación” suele traducirse en precarización.
Con este proyecto, el Gobierno busca mostrar dinamismo ante los mercados y una señal política hacia los grandes inversores. Sin embargo, para amplios sectores de la sociedad, el precio podría ser alto: un modelo laboral más flexible, con menos derechos y mayor incertidumbre para los trabajadores.
