05/12/2025.- Salta al Instante.- Foto portada: Milei y Federico Sturzenegger, maestros en complicarle la vida a la gente. Imagen: Web.
El Gobierno de Javier Milei acaba de poner sobre la mesa su jugada más profunda contra el mundo del trabajo: un borrador de reforma laboral que circula en silencio entre despachos de la CGT y la UIA, y que funciona como la secuela ampliada del DNU 70. El contenido no deja dudas: más horas de trabajo, menos derechos, menos protección y un blindaje completo para la precarización. Todo envuelto en el discurso de la “modernización”, pero con un espíritu que retrotrae al país a un siglo donde el patrón mandaba y el trabajador agachaba la cabeza.
Liquidar la presunción de laboralidad: el sueño húmedo del empresariado
El primer golpe del borrador apunta a uno de los pilares de defensa de cualquier laburante precarizado: la presunción de laboralidad. El proyecto busca convertir a miles de trabajadores reales en “autónomos por decreto”. Si alguien factura, el Estado lo considerará independiente aunque cumpla órdenes, horarios y tareas típicas de relación de dependencia.
Es el blindaje ideal para cualquiera que quiera disfrazar empleados de monotributistas y ahorrarse derechos, aportes y responsabilidad social.
Peor aún: el artículo 2 expulsa directamente de la Ley de Contrato de Trabajo a quienes son contratados bajo figuras del Código Civil, a los “independientes” de la Ley Bases y a los repartidores de aplicaciones. En pocas palabras: un éxodo masivo hacia la intemperie jurídica.
Jornada de 12 horas: el regreso del siglo XIX
La reforma confirma lo que se venía anticipando: habilita jornadas de hasta 12 horas. Un retroceso histórico. El texto habla de respetar descansos, pero el artículo 197 bis permite bancos de horas y “acuerdos voluntarios” que, en la Argentina real, significan: lo aceptás o te vas.
La flexibilidad horaria como eufemismo para normalizar la sobreexplotación.
Despidos más baratos: indemnización recortada y un fondo a la medida de las empresas
La reforma mete la tijera profundo: elimina aguinaldo, vacaciones y pluses del cálculo indemnizatorio. La actualización por inflación será IPC más 3%, una burla frente a una economía que sube al triple.
Además, crea un Fondo de Cese Laboral con aportes empresariales del 3%, para que despedir sea más fácil, más barato y más frecuente. Es el sueño del turnover sin costos.
Huelga jaqueada: casi todo es “esencial”
El borrador copia el espíritu del DNU y lo empeora. Se amplían los servicios “esenciales” y “de importancia trascendental”, con exigencias del 50% al 75% de actividad mínima. Salud, transporte, educación, energía, telecomunicaciones, alimentos, logística, banca y casi todo lo que sostiene una economía moderna queda bajo control estatal.
La huelga, derecho constitucional, se convierte en un lujo impracticable.
Vacaciones partidas, movidas y subordinadas al patrón
El proyecto también mete mano en otro derecho clásico: el descanso anual. Las vacaciones podrán partirse, correrse de temporada y negociarse de manera individual. En la práctica, la prioridad ya no es el descanso del trabajador: es la “organización empresaria”.
Repartidores: un castigo a quienes ya están al límite
El capítulo de plataformas no reconoce ningún derecho nuevo. Por el contrario: consolida que los repartidores sigan siendo “independientes”, lejos de cualquier protección laboral. Más exposición, menos garantías y ninguna responsabilidad para las apps.
Convenios colectivos debilitados: fin de la ultractividad y atomización sindical
La reforma avanza sobre el corazón de la negociación colectiva: elimina la ultractividad y permite acuerdos por empresa. Esto no “moderniza” nada: atomiza, divide y reduce a los sindicatos a pelear fábrica por fábrica, debilitando el único contrapeso real que tiene el poder económico.
