24/02/2026.- Salta al Instante.- Imagen: Ilustrativa.
Un escándalo judicial y delictivo estalló esta semana en el sudeste salteño: la Fiscalía Penal de la Segunda Circunscripción imputó a tres personas acusadas de sustraer de forma ilegítima y violenta un caballo que había sido secuestrado judicialmente como prueba en una causa penal. El hecho expone no sólo un delito flagrante, sino un desafío directo al accionar de la Justicia y la autoridad del Estado en una jurisdicción donde la impunidad parece ganar terreno.
Según la acusación fiscal conducida por la **Fiscalía Penal a cargo de Tomás Casas, los tres imputados —identificados por la Fiscalía aunque no difundidos en esta etapa del proceso— ingresaron de manera clandestina al predio donde se encontraba el animal retenido por orden judicial y se lo llevaron a la fuerza, desobedeciendo claramente una medida cautelar dictada por la Justicia. El equino, cuya situación era objeto de una causa penal por denuncias anteriores, había sido secuestrado para garantizar pruebas y evitar su utilización como bien objeto de más delitos.
Un desafío abierto al sistema judicial
La Fiscalía sostuvo ante el Juzgado de Garantías que la conducta atribuida a los imputados no sólo configura sustracción de prueba judicial sino que representa una clara obstrucción a la administración de justicia, un acto que —según los fiscales— demuestra desprecio por la autoridad de los tribunales y por las reglas básicas del proceso penal.
“La sustracción del equino no es un accidente, ni un mal entendido: fue una decisión deliberada que pone en riesgo la integridad de una prueba clave en una causa penal en trámite”, aseguró la representación fiscal en su escrito ante el órgano judicial, donde también solicitó medidas cautelares y la inmediata intervención del Juzgado para asegurar el normal desarrollo de la investigación penal.
Hecho insólito con implicancias graves
La situación no sólo es insólita por el objeto del delito —un caballo— sino porque se trata de un bien que había sido intervenido judicialmente como prueba vinculada a otra causa penal, lo que eleva el hecho a un nivel donde se mezcla lo tradicional del campo con una violación directa de normas procesales. Para la Fiscalía, la conducta de los imputados implica no sólo sustracción de cosa incautada, sino también resistencia y desobediencia a la autoridad judicial, delitos que requieren una respuesta penal proporcionada.
Ante el avance de la causa, la Fiscalía solicitó al **Juzgado de Garantías correspondiente que dicte la imputación formal contra los tres acusados y que evalúe la imposición de medidas cautelares adecuadas, evaluando incluso la prisión preventiva según la gravedad de lo imputado y el riesgo de interferencia con la investigación en curso.
Mientras tanto, el expediente sigue su curso y este hecho alarmante pone de relieve preguntas más amplias sobre el respeto al Estado de derecho, la autoridad judicial y la eficacia de las medidas de prueba ante la escalada de conductas que desafían las normas básicas del sistema penal.
Con información del Ministerio Público de Salta.
