28/08/2026.- Por Cabecita Negra.- Foto portada: Ilustrativa. IA.
Hay algo que el gobierno de Javier Milei parece haber entendido perfectamente: cuando una política resulta difícil de defender, siempre se puede empezar por ponerle un nombre simpático.
“Inocencia Fiscal”.
Suena bien. Suena garantista. Suena incluso a justicia.
Pero detrás de ese nombre aparece una pregunta mucho menos agradable: ¿inocencia para quién?
Porque una cosa es proteger al ciudadano que trabaja, ahorra y quiere disponer legítimamente de su dinero. Y otra muy diferente es construir un sistema tributario en el que el Estado tenga cada vez menos herramientas para preguntar cómo se construyó determinado patrimonio.
Y ahí está el verdadero problema.
MILEI PROMETIÓ LIBERTAD. ¿LIBERTAD PARA QUIÉN?
El Gobierno dice que quiere devolverle a los argentinos la libertad de utilizar sus ahorros y que la norma busca atraer los famosos “dólares del colchón”. El propio Gobierno presentó la ley como una forma de terminar con la persecución fiscal y proteger al ciudadano frente al Estado.
Perfecto.
Pero cuando se habla de cientos de miles de millones de dólares fuera del sistema, la pregunta no puede ser solamente cómo hacer para que ese dinero entre.
La pregunta que cualquier Estado serio debería hacerse es:
¿De dónde salió?
Porque no todos los dólares guardados en una casa son producto del ahorro de un trabajador.
Hay dinero proveniente del esfuerzo.
Hay dinero proveniente de la informalidad.
Y también existe dinero proveniente de actividades criminales.
El Estado tiene la obligación de distinguirlos.
EL PROBLEMA NO ES EL AHORRADOR: ES EL DINERO SIN EXPLICACIÓN
El discurso libertario suele presentar al Estado como el enemigo del ciudadano.
Pero en materia fiscal existe otra realidad: sin controles, el Estado tampoco puede distinguir al pequeño ahorrista del gran evasor, al empresario honesto del operador financiero que necesita esconder el origen de sus fondos.
La primera versión de la ley ya estableció mecanismos de simplificación y un “bloqueo fiscal” que limita la revisión de períodos anteriores para quienes cumplen determinadas condiciones.
Y ahora el Gobierno pretende ir todavía más lejos.
El proyecto de ampliación elimina límites de ingresos y patrimonio para ingresar al régimen y restringe determinadas herramientas que ARCA puede utilizar para investigar inconsistencias.
Entonces la pregunta vuelve a aparecer:
¿Por qué un Gobierno que dice querer combatir la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado debería estar interesado en reducir las herramientas con las que el Estado puede detectar inconsistencias patrimoniales?
LA “LEY DE INOCENCIA” QUE PUEDE TERMINAR PROTEGIENDO AL DINERO OSCURO
Aquí está el punto que el Gobierno preferiría que no se discuta.
Una ley no necesita decir “lavemos dinero” para generar un riesgo de lavado de dinero.
Alcanza con que reduzca controles, limite mecanismos de investigación o permita que determinados patrimonios sean menos cuestionados.
El lavado de activos funciona precisamente de esa manera: el objetivo del dinero ilícito es ingresar al circuito económico formal y adquirir apariencia de legalidad.
Por eso los controles sobre el origen de los fondos no son una persecución al ciudadano.
Son una barrera contra el dinero criminal.
Y si esa barrera se debilita, alguien puede terminar aprovechándose.
No necesariamente el trabajador.
No necesariamente el comerciante.
No necesariamente el empresario.
Pero sí quienes tienen algo que esconder.
¿QUIÉN GANA CON UN ESTADO QUE PREGUNTA MENOS?
Esta es la pregunta que Milei y sus funcionarios deberían responder.
Porque resulta curioso que el mismo Gobierno que exige sacrificios a jubilados, trabajadores, empleados públicos y sectores medios se muestre tan entusiasmado con facilitar la incorporación al sistema de enormes cantidades de dinero que permanecen fuera de él.
El argumento oficial es que esos dólares deben entrar a la economía para generar inversión y crecimiento.
Puede ser.
Pero hacer entrar dinero al sistema no debería significar apagar la luz para no mirar quién lo trae.
La Argentina necesita dólares.
Necesita inversiones.
Necesita crecimiento.
Pero también necesita transparencia.
Porque si para conseguir inversión hay que aceptar que nadie pregunte demasiado por el origen de los capitales, entonces el problema ya no es solamente tributario.
Es institucional.
MILEI Y LA MORAL SELECTIVA
Durante años, Javier Milei construyó buena parte de su discurso político alrededor de una idea: el que las hace, las paga.
Pero esa frase pierde fuerza si el Estado comienza a mirar con mayor indulgencia determinados patrimonios mientras mantiene una enorme presión sobre quienes viven de un salario.
¿Dónde queda entonces la famosa igualdad ante la ley?
¿Dónde queda el principio de que todos deben responder por sus obligaciones?
¿Dónde queda la lucha contra las mafias económicas?
Porque resulta muy sencillo hablar de libertad cuando se trata de bajar controles.
Lo difícil es garantizar que esa libertad no termine siendo libertad para que los grandes capitales de origen dudoso encuentren una puerta de entrada al sistema.
NO ES UNA LEY DE INOCENCIA. ES UNA LEY DE SOSPECHA
Por eso el nombre oficial no alcanza.
Desde una mirada crítica, podríamos llamarla de otra manera:
LEY DE DELINCUENCIA FISCAL.
No porque todos los argentinos que adhieran al régimen sean delincuentes.
Eso sería una mentira.
Y tampoco porque esté demostrado que la ley haya sido creada para lavar dinero.
Lo que sí puede discutirse seriamente es si una reducción de los controles fiscales y de las herramientas de investigación genera un terreno más favorable para quienes quieran ocultar el origen de sus activos.
Y esa discusión no puede ser silenciada llamándola “inocencia”.
Porque la inocencia se presume en un proceso penal.
El origen de un patrimonio, en cambio, puede y debe ser controlado por el Estado dentro de las reglas de la ley.
LA ARGENTINA NO NECESITA UN ESTADO CIEGO
El ciudadano que ahorró durante décadas no debería tener miedo de sus ahorros.
Pero el ciudadano tampoco debería tener que competir en igualdad de condiciones con quien hizo fortuna evadiendo, contrabandeando, corrompiendo o lavando dinero.
Ese es el verdadero problema.
Porque cuando el Estado pierde capacidad de control, el ciudadano honesto no gana libertad: puede perder protección.
Y mientras el Gobierno de Milei vende la idea de que todo esto es una reparación histórica frente al Estado recaudador, hay una pregunta que debería perseguir cada debate sobre esta ley:
¿Qué estamos haciendo para que el dinero honesto entre al sistema sin abrirle la puerta al dinero sucio?
Si la respuesta es “preguntar menos”, tenemos un problema.
Si la respuesta es “controlar menos”, tenemos un problema todavía mayor.
Y si encima pretendemos llamar a eso “inocencia fiscal”, entonces quizás el verdadero problema no esté solamente en la ley.
Está en el relato.
Porque una cosa es defender al ciudadano frente a un Estado abusivo.
Y otra muy distinta es construir un Estado tan débil que termine siendo incapaz de preguntarle a los poderosos de dónde salió su fortuna.
Eso no es libertad.
Eso no es transparencia.
Y mucho menos es inocencia.
Es el riesgo de convertir la política fiscal en una puerta giratoria para el dinero que nadie quiere explicar.
