26/01/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Congreso de la Nación. Imagen: Prensa HCDN.
En un giro de agenda que sacude el debate político y social, el Gobierno nacional incluyó la controvertida Ley Penal Juvenil en el paquete de proyectos a tratar en sesiones extraordinarias del Congreso, sumando otro capítulo a su ofensiva de “mano dura” sobre el delito en momentos de alta conflictividad social. La definición fue comunicada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de una reunión de la mesa política en Casa Rosada, ratificando que este año el oficialismo buscará avanzar con la reforma en materia penal aplicable a adolescentes.
La iniciativa, que volvió a instalarse en la escena pública tras la polémica discusión sobre delitos cometidos por menores, propone modificar el régimen penal juvenil para bajar la edad de imputabilidad y endurecer sanciones, una propuesta que organizaciones de derechos humanos, especialistas en infancia y múltiples sectores sociales han señalado como retroceso y criminalización de la pobreza.
El proyecto oficialista impulsa que la discusión se concretará durante las sesiones extraordinarias, que arrancan en febrero, en un Congreso que ya había dado dictamen a una versión de esta reforma en el año previo. Esa versión, que obtuvo dictamen en Diputados, contemplaba bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y otras transformaciones profundas del régimen penal aplicado a adolescentes.
Lejos de ser una cuestión técnica, la inclusión de este tema en la agenda extraordinaria se da en un contexto de presión política por parte del oficialismo y sectores que promueven discursos de “tolerancia cero”, quienes sostienen que la baja de la edad penal es la respuesta para supuestamente “combatir la inseguridad”.
Los críticos, en cambio, advierten que la medida no solo criminaliza a los jóvenes y menores en situación de vulnerabilidad, sino que también choca con estándares internacionales de derechos de la niñez y adolescencia. Organismos especializados han señalado que las estadísticas oficiales desmienten la idea de que existe una ola de delitos cometidos por menores que justifique bajar drásticamente la edad penal, y alertan sobre las implicaciones humanas y sociales de ampliar el alcance del sistema penal hacia chicos y chicas en contextos de exclusión.
El Gobierno empuja así un debate que divide a la sociedad y que tiene repercusiones más allá de las cifras de delitos: se trata de decidir si la respuesta del Estado será el castigo y la cárcel o políticas de inclusión y prevención, un cruce que llega justo cuando se discuten otras reformas estructurales en el sistema penal argentino.
